El cerco del juez Peinado a Begoña Gómez recrudece los ataques del Gobierno a la Justicia: «Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio»

Nada más conocerse que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, será juzgada por un tribunal popular, si resulta procesada por el delito de malversación –tras utilizar a una asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, para sus asuntos profesionales particulares–, el Gobierno se apresuraba a coordinar, una vez más y en unidad de acción, la defensa cerrada de su inocencia y el ataque abierto al magistrado instructor que la investiga desde hace meses, el juez Juan Carlos Peinado.

La dimensión de las réplicas políticas al auto con el que Peinado notificaba a las partes personadas en la causa contra Gómez, el cambio de fase procesal, era directamente proporcional a la gravedad de las consecuencias judiciales que, próximamente, tendrá que asumir la esposa de Sánchez. Una eventual vista pública y el veredicto de un grupo de ciudadanos que, por lo tanto, alejan la tesis del lawfare que mantienen los socialistas al hilo de aquellas causas por corrupción que más les perjudican. De ahí que fuese el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, con todo lo que ello implica, el primero en lanzarse a criticar la decisión de Peinado e insistir en su mensaje habitual sobre el sistema «garantista» del que disfrutamos en España, a través de las diferentes instancias, como factor de corrección de las resoluciones de los jueces 'fachas'.

Sin embargo, en esta ocasión, además, Bolaños lanzaba un doble mensaje contra el magistrado pero, también, de advertencia hacia los jueces de la Audiencia Provincial que, una vez más, tendrán que supervisarle, ante un futuro y eventual recurso de Begoña Gómez contra esta última resolución del jurado popular: «Confiamos en que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio».

«Siempre hemos defendido que con el tiempo la verdad se abrirá camino y que esta instrucción quedará como un caso de estudio, en negativo, para los estudiantes de Derecho», apuntaba la vicepresidenta y titular de Trabajo Yolanda Díaz. Mientras que, por su parte, la portavoz del Ejecutivo Pilar Alegría, calificaba el nuevo escenario judicial de Gómez como «surrealista». «Se explica por si solo», apostillaba la ministra a la noticia de que un grupo de nueve ciudadanos podría tener en su mano el veredicto de la mujer de su jefe, por malversación impropia de caudales.

No en vano, un plazo de apenas dos días, la Justicia ha decidido acercar al banquillo a dos de las personas más cercanas a Pedro Sánchez: su mujer y su hermano pequeño, David Azagra, quien por su parte responderá ante un tribunal extremeño por tráfico de influencias y prevaricación.

Y, todo ello, se producía, además, el día en que el Congreso impulsaba la proposición de ley con la que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) trata de achicar el espacio de la Justicia ordinaria en favor del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido; el mismo TC que enmendó al Supremo la sentencia de los ERE, que consagró la eutanasia y el aborto como pseudoderechos fundamentales y que declaró constitucional la amnistía, a la medida de los socios de investidura de Sánchez. Precisamente el éxito de la iniciativa del Pleno de esta mañana descansaba en el bloque inicial de la legislatura, incluyendo los votos de Junts, Podemos, Sumar y ERC:

Tal es así que el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, calificaba la decisión del juez Peinado como «despropósito» y enmarcaba, una vez más, las actuaciones del instructor en la «ofensiva de una parte del Poder Judicial» contra el PSOE. «Hemos avisado que habrá jueces que irán a por ellos. Nosotros ya le avisamos desde hace tiempo, que intentara cambiar esa parte del Poder Judicial (...) que lucha contra según quién, contra según qué ideas, contra según qué partidos», llegaba a afirmar Rufián en los pasillos del Congreso.

Una prueba más de la ofensiva abierta por ciertas formaciones contra jueces y magistrados y que, por lo tanto, para éstas justificaría intervenirlo más pronto que tarde.

Ya lo advirtió el propio Sánchez en su primera entrevista de este curso político en la Televisión Pública al ser preguntado por los casos de corrupción que, cada vez más, tras las últimas resoluciones penales, cercan a su entorno familiar. «Hay jueces que no hacen bien su trabajo y no cumplen con la ley (…). Sin duda alguna que hay jueces haciendo política [como también sostienen sus socios] y que hacen un inmenso daño a la justicia».