El fiscal general proclama su inocencia y pide declarar el último y desde estrados, como los magistrados que le juzgarán

Al igual que ya hiciese la Fiscalía General, hace apenas una semana, la Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que absuelva al fiscal general, Álvaro García Ortiz, del delito de revelación de secretos por el que será juzgado, en noviembre, en la Sala Penal del Alto Tribunal. Así lo han pedido los letrados públicos en el escrito de defensa, al que ha tenido acceso El Debate, y en el que instan, además, que se le reciba el interrogatorio «en último lugar, tras la práctica de la totalidad de la prueba, al amparo de la doctrina establecida» por el propio Supremo «que reconoce expresamente este derecho procesal» al acusado.

«Asimismo», el documento de 40 páginas en el que la Abogacía insiste en la inocencia del titular del Ministerio Público, «se interesa» que su declaración, en tanto en cuanto fiscal general del Estado que continúa siendo, «tenga lugar junto a su letrado defensor y que se le permita intervenir desde estrados», al nivel de los magistrados que tendrán que enjuiciarle, «garantizando con ello el pleno ejercicio de su derecho de defensa».

Una defensa en la que, como ha venido manteniendo desde el principio de las actuaciones, se basa en reivindicar su inocencia, al considerar que el «núcleo esencial» de la información relevante sobre el novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, ya había sido desvelado desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid» e insistiendo en que a los datos contenidos en la presunta filtración tuvieron acceso, al menos en la sede del Ministerio Público, unas seiscientas personas.

Los letrados públicos han tratado de desmontar la secuencia de hechos conformada por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado, a lo largo de una instrucción en la que se muestra convencido de que la noche del 13 de marzo de 2024, García Ortiz filtró a la Cadena Ser (la cual informó a las 23:23 sobre el asunto), el correo electrónico que la defensa de González Amador, el abogado Carlos Neira, había enviado el 2 de febrero a la Fiscalía ofreciéndose a reconocer dos delitos tributarios, a cambio de un pacto.

Por el contrario, la Abogacía realiza un relato cronológico, que arranca el 23 de enero de 2024, cuando Fiscalía comenzó a investigar a González Amador, hasta el 14 de marzo de ese año, cuando difundió la nota de prensa con el intercambio de 'emails' entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto, lo que a su juicio evidencia que «no existe ninguna conexión lógica» entre la publicación del citado 'email' en la Cadena Ser y el propio García Ortiz.

No en vano, en descargo de su representado, los letrados públicos sitúan el foco en las acciones llevadas a cabo por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, «al menos desde las 19:00» del 13 de marzo de 2024, cuando envió a «un número no determinado de periodistas» por WhatsApp una serie de mensajes donde «se trasladó intencionadamente dos informaciones que no se correspondían en absoluto con la realidad: que la propuesta de conformidad había partido del Ministerio Fiscal y que al fiscal encargado del asunto se le prohibió alcanzar un acuerdo».

Y subraya que, «además de hacer circular entre los periodistas su versión tergiversada de los hechos», «en hora no determinada del 13 de marzo de 2024», puso en contacto a González Amador con un periodista de El Mundo, asegurando que «fruto de la conversación que ambos mantuvieron, y de la documentación que se le hizo llegar», ese periódico publicó esa «información tergiversada». Y, de ahí, una vez más, el interés del fiscal general por desmentir lo que él consideró un «bulo».

Añade que, a las 22:41 de ese 13 de marzo, Rodríguez «reiteró, esta vez públicamente, sus graves acusaciones contra la Fiscalía, publicando en su cuenta de X que ésta había tenido que retirar por 'órdenes de arriba' la oferta de acuerdo que antes le había hecho a González Amador».

La defensa de García Ortiz sostiene que, «con la noticia publicada a las 21:29, fue El Mundo el que reveló tres datos esenciales: que González Amador reconoció ante la AEAT los hechos que dieron lugar a la denuncia por delitos fiscales; la existencia de una propuesta de conformidad; y el contenido de dicha propuesta».