La asistente de Begoña Gómez acusa al juez Peinado de «desobecer» a la Audiencia Provincial para imputarla

La defensa legal de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez en La Moncloa que está imputada por un presunto delito de malversación, ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial por la resolución del juez Juan Carlos Peinado, que instruye su caso, de que el proceso acabe en un Tribunal del Jurado. Esto supondría que, en caso de que se llegue a juicio finalmente, sería un jurado popular el encargado de emitir un dictamen sobre este caso.

En su escrito, el abogado de Álvarez asegura que el magistrado Peinado «desobedece» una resolución previa de la Audiencia Provincial que ya negó «de manera expresa y tajante» que su representada pudiera cometer el delito de malversación por el que está siendo investigada.

«El funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación, que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión«, afirma este recurso según revela ABC. »Solo cabría plantear (ese delito) en el caso de que cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada", añade.

La defensa de la asistente de Begoña Gómez lamenta que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid vuelva a «ignorar el criterio de la superioridad» como ya hiciera con el caso de Air Europa y apunta que esta vez llega incluso «a mutilar un auto de la Audiencia Provincial que transcribe parcialmente y de manera descontextualizada para disimular su rebeldía».

«Estamos, como ya hemos dicho en anteriores recursos, ante la instrucción de Schrödinger, en la que los mismos hechos son o no constitutivos de delito según el día de la semana en que nos encontremos», ironiza la defensa legal de Cristina Álvarez.

«No desatendió sus funciones por dedicarse a tareas privadas»

Por otro lado, el recurso remarca que Álvarez, pese a su condición de funcionaria, no posee la cualificación específica para la comisión de este concreto delito porque «no basta con ser funcionario público o autoridad para cometer malversación: debe existir también una relación funcional con el caudal público presuntamente malversado».

La defensa legal de la que fuera la asistente de la mujer de Pedro Sánchez en La Moncloa defiende que «para que la posible dedicación de Álvarez a tareas privadas de Begoña Gómez fuese constitutiva de delito de malversación, sería necesario que la primera cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada».

«Con independencia de lo moderado de su salario de unos 2.500 euros mensuales, no consta dato ni indicio ninguno de que Álvarez haya desatendido sus funciones por haberse dedicado a tareas privadas de Begoña Gómez», alega el escrito. «Al contrario, ha cumplido con sus obligaciones de manera exquisita, con una dedicación intensa, prácticamente sin horario y muy por encima de lo que cabría esperar por su escueto salario», concluye.