De cero en la historia a siete en dos años: el Senado activa un conflicto con el Congreso por vetar sus leyes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que su formación va a hacer valer su mayoría en el Senado para aprobar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (TC) por el bloqueo «sistemático» que hace el Congreso de las leyes que el Grupo Popular ha aprobado en la Cámara Alta. El jefe de la oposición subrayó que «el Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno», y señaló de forma directa a Francina Armengol porque «sus decisiones son arbitrarias» e «incurre sistemáticamente en fraude de ley». «Para la presidenta del Congreso pesa más su partido que su país», apostilló.

Además, fuentes 'populares' han expresado a El Debate que «desde el punto de vista jurídico» hay un «mil por cien de probabilidades de que prospere» el conflicto que van a plantear con el Congreso por el bloqueo constante de sus normas, situación que definen como «el congelador de Armengol».

La propia página de la Corte de Garantías explica que «los conflictos entre órganos constitucionales del Estado oponen al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí». De esta forma, cuando un órgano constitucional considere que otro ha tomado decisiones asumiendo competencias que le corresponden a él –según la Constitución o las leyes orgánicas– deberá comunicárselo al que invadió sus atribuciones en el plazo de un mes desde, y le pedirá que las revoque.

Tras ello, si el órgano al que se dirige la petición responde que actuó dentro de sus competencias o no rectifica en el plazo de un mes, el primero podrá llevar el conflicto al Tribunal Constitucional. Para ello, deberá indicar qué normas cree vulneradas y presentar las alegaciones que considere oportunas. «La sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones, resolviendo lo que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos», añade el sitio web.

Así las cosas, antes del inicio de esta legislatura el Senado no había sacado adelante ningún conflicto de atribuciones, cuando en menos de dos años ya se han aprobado siete, teniendo en cuenta que el anunciado ayer por Feijóo previsiblemente se admita. En abril del año pasado, el Pleno del Senado aprobó plantear su primer conflicto institucional con el Congreso a raíz de la ley de amnistía. La Cámara Alta se apoyó en un informe de los letrados que calificaba la controvertida medida de gracia como una «reforma encubierta de la Constitución», y por ello instó a Armengol a retirar la iniciativa. No obstante, el Congreso rechazó la petición y, en mayo, el Senado decidió no llevar la disputa ante el Tribunal Constitucional.

A finales de diciembre de 2024 el Senado optó por registrar ante el TC un conflicto de órganos contra el Congreso, después de que la Cámara Baja ignorara el veto impuesto por la mayoría de los senadores a la conocida como ley Txapote, que benefició a presos de ETA. El Partido Popular reclamó en varias ocasiones a Armengol que la norma se sometiera de nuevo a votación en el Senado y, tras su negativa, trasladó el enfrentamiento institucional al tribunal de garantías.

Por su parte, el pasado mes de febrero el PP hizo valer su mayoría en la Cámara Alta para llevar a cabo un doble conflicto institucional –contra el Gobierno y el Congreso al mismo tiempo– por modificar a través de una corrección de errores «fraudulenta» en el Boletín oficial del Estado (BOE) el texto de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que añadía cambios salariales a jueces.

En quinto y sexto lugar, en abril se aprobó un nuevo choque institucional del Senado con el Congreso y el Gobierno, después que la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara Baja aceptara el veto del Ejecutivo a unas enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario aprobadas por el Senado.