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La oficina de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en Bruselas

La oficina de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en BruselasEuropa Press

El PP pide al Tribunal de Cuentas que fiscalice el contrato de respiradores que se adjudicó a Escribano

Los populares alegan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pagó 1.314 euros menos por cada unidad del mismo respirador

El PP ha pedido al Tribunal de Cuentas que fiscalice la adjudicación del contrato que Ingesa –Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad– otorgó a la empresa Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) durante la pandemia. Este contrato se concedió para el suministro de equipos de respiración pulmonar portátiles para hacer frente al Covid-19.

Los populares han realizado esta petición a través de un escrito dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados y firmado por su portavoz en la Cámara Baja, Ester Muñoz. El Tribunal de Cuentas tendrá que decidir si investiga o no los motivos de esta adjudicación.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha formalizado esta solicitud al «al amparo de los dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, respecto de la iniciativa fiscalizadora de las Cortes Generales, y de acuerdo con el artículo 12 de la misma Ley Orgánica», según el escrito al que ha tenido acceso El Debate.

El PP pide en su escrito que dicho tribunal realice un informe de fiscalización especial de dicho contrato –bajo el nombre de «Covid36, suministro de equipos de respiración pulmonar portátiles para el tratamiento Covid 19»–, adjudicado el 9 de abril de 2020 por un importe de algo más de 36 millones de euros a EM&E.

El partido de Feijóo considera necesario que el Tribunal de Cuentas investigue la colaboración entre Hershill y Escribano Mechanical and Engineering. Piden además que se especifiquen los costes del valor por unidad pagado por Ingesa, recordando que el precio de venta que Hershill estableció por el mismo respirador y durante las mismas fechas al Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso.

Recuerdan la visita de Sánchez a la fábrica de Hershill

En la exposición de motivos elaborada por los populares, señalan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la fábrica de la empresa Hershill, ubicada en Móstoles (Madrid). Esta visita se hizo el 3 de abril de 2020 y se publicó en la web de Moncloa. Seis días después de la visita del dirigente socialista, Ingesa firmó un contrato con el grupo Escribano para la adquisición de 5.000 respiradores VITAE 40 de Hershill.

La visita de Pedro Sánchez a la fábrica de Hershill

La visita de Pedro Sánchez a la fábrica de HershillLa Moncloa

«Es decir, en vez de adjudicarse la adquisición a la empresa titular de la patente y fabricante de los respiradores, se adjudicó a una empresa que nunca había trabajado en el ámbito sanitario y sin experiencia en el sector, bajo la premisa de una colaboración empresarial que ponía a disposición de Hershill uno de los centros de mecanizado de alta precisión más grande y moderno de España», alegan los populares.

El precio fijado en el contrato para cada respirador fue de 5.959 euros, teniendo que ser entregados en un plazo de ocho semanas.

Desde el PP recuerdan también que Hershill vendió al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid respiradores del mismo modelo –VITAE 40– por un precio de 4.645 euros cada uno. Es decir, 1.314 euros menos que el precio pagado a Escribano. «En el conjunto del contrato se observa que el Ministerio de Sanidad pagó un sobreprecio de algo más de 6,5 millones de euros que percibió Escribano», aseguran desde el PP.

«Un margen de beneficio muy grande para Escribano»

El partido encabezado por Feijóo alega que existen «dudas» sobre el coste real que tuvo la empresa Escribano o sobre el precio que Hershill cobró por la venta de cada respirador. «Se manejaron cifras inferiores de 2.000 euros por cada unidad (sin impuestos), lo que podría suponer un margen de beneficio muy grande para Escribano», indican los populares.

Por todos estos motivos, el PP pide al Tribunal de Cuentas que es «imprescindible un análisis detallado del proceso de adjudicación, coste y margen de beneficio del contrato Covid 36», concluyen.

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