Ábalos cambia de abogado ante el temor a ingresar en prisión provisional y a la posible imputación de su hijo Víctor

En un nuevo giro de guión procesal, en la causa penal que el Supremo sigue contra el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el todavía diputado del grupo mixto -y por lo tanto aforado- ha renunciado a la representación letrada que, hasta ahora, estaba en manos del abogado José Aníbal Álvarez. «Siguiendo instrucciones de mi mandante», arranca el escrito remitido por Torrecilla a la Sala Segunda del Alto Tribunal en el que notifica su baja en el procedimiento.

Ábalos justifica su decisión en la existencia de «diferencias irreconducibles» con el jurista que, «lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante» que ha derivado en un «deterioro irreversible» de la confianza que debe existir entre un abogado y su cliente. Y aporta, como prueba, un par de noticias publicadas en distintos medios de comunicación en los que se habla de «episodios de desacuerdo» que han provocado que la relación profesional entre ambos se haya visto interrumpida hasta el punto, asegura el ex socialista, de que él mismo, no siendo abogado, se tiene que «preparar su declaración por sí solo».

Se refiere Ábalos en el texto que acompaña su procurador, dirigido al magistrado instructor Leopoldo Puente, a la citación para comparecer de nuevo, como investigado, este próximo miércoles día 15, un día antes que su ex asesor Koldo García Izaguirre. Sería la cuarta vez que ambos se sentasen ante el juez Puente que, cabe recordar, ya rechazó el aplazamiento de sendas declaraciones, solicitada entonces por el abogado de Santos Cerdán, el tercer imputado de la causa.

Y, sin embargo, en el fondo de la cuestión se adivina el temor de Ábalos a que al término del interrogatorio de esta semana, el juez decretase su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, siguiendo la decisión adoptada para su sucesor en el cargo de secretario de Organización del PSOE, en Ferraz. No en vano, la citación del instructor se producía una vez conocido el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se acreditaba que Ábalos gastó más de 95.000 euros de los que no consta rastro bancario alguno.

Además, los investigadores apuntaban en sus conclusiones a «una falta de concordancia» entre la documentación remitida por el PSOE al Supremo sobre los pagos efectuados a Ábalos que, tal y como se desprende de mensajes y audios intervenidos en los teléfonos incautados a Koldo García Izaguirre, en algunos casos se tradujeron en sobres, con el logotipo impreso del partido, sin «soporte documental».

Si bien en un primer momento Ábalos valoró la posibilidad de renunciar a su acta como diputado, con la intención de perder el privilegio del aforamiento, para que la causa volviese a la Audiencia Nacional, tribunal competente para el resto de los implicados, finalmente ha decidido optar por una maniobra menos drástica para retrasar su comparecencia ante el Supremo. Una decisión que, además, según sus cábalas podría beneficiar tanto a Cerdán como a Koldo ya que la ausencia de un letrado en representación del ex ministro, en la declaración prevista para el segundo, supondría una indefensión que, de producirse, invalidaría la diligencia y obligaría al juez a posponerla.

En contra de la posición calculada de Ábalos, fuentes judiciales han advertido a El Debate que, no obstante, el juez Puente podría no aceptar la renuncia del letrado si la considera fraudulenta. Es decir, si entiende que la misma es meramente dilatoria de una comparecencia «indispensable» para decidir sobre la prisión preventiva que planea sobre el ex ministro. Un escenario que depende de muchos factores y circunstancias.

La posible imputación de su hijo mayor

Tampoco conviene perder de vista que, en las últimas evidencias de presuntas irregularidades cometidas por los miembros de la trama que salpica al Gobierno y al PSOE por corrupción, la UCO incorporaba un cóctel explosivo: el exministro, según los investigadores, utilizó a su hijo, Víctor Ábalos, como testaferro para ocultar fondos ilícitos que, según las pesquisas, se encuentran escondidos en Colombia .

Los investigadores señalaron cómo «el papel que habría desempeñado» el vástago de Ábalos resulta esencial para completar el estado real del puzzle sobre la situación económica del exministro socialista. En especial, cuando el examen de las cuentas bancarias de Víctor revelaba ingresos recurrentes hacia su padre mediante transferencias, a los que se suman aportaciones en efectivo. Según la UCO, Ábalos habría percibido en un periodo de tres años un total de 56.019,10 euros procedentes de su hijo, tanto a través de la mercantil External Programmes Consulting SL, propiedad de este último, por un supuesto alquiler de un inmueble en Valencia. Un aparente negocio doméstico que, en realidad, encierra otro tipo de claves para los agentes judiciales.

De hecho, los investigadores destacaron cómo más allá de los ingresos detectados en las entidades financieras, existió un flujo paralelo de efectivo: «Al menos desde 2022, Víctor Ábalos habría entregado dinero en efectivo a su padre de forma recurrente, constituyendo una vía de provisión de fondos al margen de sus ingresos declarados».

La pieza clave resulta de una conversación grabada a Koldo García, el exasesor de Ábalos, en la que alude expresamente a la procedencia internacional del dinero. En concreto, la grabación sostiene que «su hijo le estaba proporcionando dinero en efectivo con origen en Colombia».

De acreditarse este extremo, Víctor podría ser imputado formalmente por el juez Puente y contribuir, sin quererlo, al ingreso cautelar de su padre en la cárcel, ya que uno de los motivos que justifican la prisión preventiva en España es el riesgo de fuga. Una posibilidad que aumenta, «exponencialmente» cuando «los investigados disponen de bienes o patrimonio localizados en el extranjero», apuntan a El Debate varios expertos.