El Supremo rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por «fraude de ley» y mantiene su citación para mañana

El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, instructor del caso PSOE, ha dictado hoy un auto en el que rechaza «en este momento» la renuncia realizada por el investigado José Luis Ábalos a la defensa por el letrado que tiene designado en la causa que instruye contra él ante el Alto Tribunal, José Aníbal Álvarez, por considerar que la misma «se realiza en fraude de ley». Esto es, con la intención de provocar la comparecencia prevista para interrogar al ex ministro de Transportes mañana, miércoles 15 de octubre, a partir de las 10.00 horas, al hilo de las conclusiones contenidas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el estado económico-patrimonial del que fuera, también, ex secretario de Organización de los socialistas de Ferraz.

Precisamente por lo «irrenunciable» de la diligencia prevista, el juez Puente, en la misma resolución a la que ha tenido acceso El Debate, ha confirmado el señalamiento de del interrogatorio de Ábalos y se señala que, tras él, se procederá a la práctica de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Asimismo, el juez mantiene el señalamiento previsto para el día 16 de octubre, a las 10:00 horas, «al efecto de que comparezca a declarar, como investigado, Koldo García Izaguirre», el que fuera asesor de Ábalos en el Ministerio y que, tal y como consta en el dictamen de los investigadores, participó de una confusión entre los patrimonios de ambos.

Por lo tanto, en ambas declaraciones la defensa de Ábalos será desarrollada por el letrado José Aníbal Álvarez García, salvo que Ábalos designara a otro, en su lugar, que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa. De nada ha servido la maniobra dilatoria con la que el ex número 3 de Pedro Sánchez ha intentado, subrepticiamente, aplazar su presencia, de nuevo, en el Palacio de las Salesas, sede del Alto Tribunal.

La resolución requiere a Ábalos para que en plazo de tres días hábiles designe nuevo letrado, y subraya que, en caso de no hacerlo, procederá a serle nombrado uno de oficio.

Tan pronto como comparezca en la causa el nuevo letrado/a, asumiendo la defensa de Ábalos, se tendrá por efectuada la renuncia y cesará en su función en esta causa especial el letrado José Aníbal Álvarez García, siendo sustituido por el nuevamente designado o asignado de oficio, tal y como el propio ex ministro confirmaba en sus redes sociales que había solicitado al Supremo, esta misma mañana, en un nuevo escrito registrado por su procurador. El nuevo abogado será el encargado de asistirle, a partir de entonces, en todas las actuaciones relativas al sumario de la causa que se sigue contra él, como aforado, por varios delitos de corrupción.

Una renuncia «intempestiva»

Así las cosas, el instructor Puente considera «intempestiva» la renuncia e incluye en su auto la constante jurisprudencia que aborda supuestos similares en los que «no cabe identificar, por el momento en el que se producen y por la completa ausencia de justificación razonable que las fundamente, más propósito que el de provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas».

De hecho, el magistrado ha recordado en su resolución que la libre designación de letrado es «un derecho que no puede considerarse ilimitado» por lo que hay que ponderar intereses jurídicos de distinto signo para lograr un equilibrio de todos los derechos en juego y en función de cada caso concreto, «qué grado de sacrificio es aceptable imponer al resto de las partes cuando alguna de ellas introduce una incidencia sorpresiva que puede perturbar el desarrollo ordinario del proceso».

Para el magistrado, «aceptar, como se ha dicho, con naturalidad que toda petición de cambio de Letrado, sea cual sea el momento en el que aquélla se produce, forma parte del contenido material del derecho de defensa, supondría distanciarnos del verdadero significado constitucional de ese derecho para permitir que el mismo se instrumentalice con finalidades espurias».

«Forzar la suspensión» de la declaración

El auto abunda en el argumento de que Ábalos se ha venido valiendo de la defensa protagonizada en este procedimiento por un letrado de su libre designación, «quien, hasta el momento, ha desarrollado su labor de forma objetivamente irreprochable, interviniendo en los interrogatorios practicados hasta ahora; interesando la práctica de las diligencias de investigación que tuvo por convenientes u oponiéndose a las que no consideraba de interés para la defensa de los derechos e intereses del Sr. Ábalos Meco; y haciendo valer los recursos que la ley autoriza frente a las resoluciones de este instructor que juzgaba inconvenientes para los legítimos intereses de su defendido».

Por el contrario, indica que el investigado «no explica en el escrito en el que pretende renunciar a la defensa del letrado que él mismo designó, circunstancia alguna que justifique su decisión», que pretende hacer descansar exclusivamente en un aducido «deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza».

Y, además, tras registrar el «escrito en un momento en el cual únicamente sería posible, para el caso de que se admitiera la renuncia, suspender la declaración del investigado, señalada para el próximo día 15 de octubre, sin que sea dable identificar en dicha pretensión ningún propósito distinto al de forzar la suspensión de la declaración referida y, en consecuencia, también la de la posterior comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

El instructor subraya que «en ello abunda la propuesta, reservada para el día de hoy, de que se oficie al Ilustre Colegio de Abogados para que proceda a nombrar al Sr. Ábalos un abogado del turno de oficio, nombramiento que ni sería posible en tan breve plazo ni, aunque lo fuere, permitiría al Letrado así designado asistir eficazmente en el día de mañana al Sr. Ábalos Meco en una causa, además, de la magnitud y complejidad de la presente».

En su auto, precisa que todo ello, además, debe enmarcarse en la circunstancia de que nos encontramos aquí ante una causa con preso, especialmente refractaria al amparo de cualesquiera «conductas dilatorias o en la que únicamente puedan identificarse marcadores de un propósito encaminado llana y simplemente a entorpecer o perturbar el normal desarrollo del procedimiento».

En relación con el abogado de Ábalos, el magistrado recuerda que el artículo 50.1 del Estatuto General de la Abogacía Española determina que el profesional de la Abogacía tendrá plena libertad para aceptar o rechazar la dirección de cualquier asunto que le sea encomendado. Y en el número 2 de dicho precepto se previene que podrá cesar en su intervención profesional cuando surjan discrepancias con su cliente y deberá hacerlo cuando concurran circunstancias que afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesional.

Sin embargo, añade que el artículo 50.3 de este mismo texto normativo precisa que la renuncia a la defensa procesal que le haya sido encomendada «podrá efectuarse en cualquier fase del procedimiento, siempre que no cause indefensión al cliente, estando obligado a despachar los trámites procesales urgentes, por lo que tampoco una eventual renuncia del propio Letrado a continuar con la defensa del Sr. Ábalos Meco sería inmediatamente admisible».