Torres dice estar «absolutamente tranquilo» ante un próximo informe de la UCO por su relación con el caso PSOE

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado durante una entrevista en La Radio Canaria, recogida por Europa Press, que está «absolutamente tranquilo» ante la publicación de un próximo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre su relación con el caso PSOE, y espera que acabe con «un año y medio de acoso y acusaciones gravísimas».

El miembro del Ejecutivo ha defendido que está tranquilidad proviene desde el «primer momento» que se le relacionó con el caso criminal encabezado por altos cargo del Partido Socialista. Esperanzado, confía en que el expediente ponga luz y termine con las «amenazas mediáticas» y las acusaciones contra su persona.

El ministro socialista ha lamentado que se le ha acusado «de todo», desde «estar en pisos con mujeres vejadas en lo sexual» hasta «pedir comisiones o mordidas». Asimismo, ha pedido responsabilidades políticas a quienes le han difamado de delitos que, según él «al final no van a aparecer, porque no pueden aparecer».

Torres ha negado toda incriminación asegurando que «jamás he pedido una comisión, una mordida, ni he estado con una mujer vejada en lo sexual, ni tengo nada que esconder de mi etapa de la alcaldía, ni sé de qué se habla de la refinería», a pesar de que existen numerosas conversaciones con Koldo García, asesor de confianza del exministro José Luis Ábalos en relación con alguna de las acusaciones que niega tan firmemente.

«Me he convertido en la víctima»

El dirigente socialista ha lamentado que en la política actual no se ataque al rival político «por confrontar ideas», sino que se «intenten tumbar a las familias» con «infamias», asumiendo públicamente el papel de víctima que afirma tener «yo no llegué a la política para eso, me he convertido en la víctima».

En esta línea ha opinado que si el informe de la UCO termina diciendo que Torres ha pedido mordidas o ha estado con mujeres vejadas, entonces no merecerá «estar en la cosa pública», sin aclarar si dimitiría o no. No obstante, si el informe aclara su inocencia, exige que los que le han difamado si deberán abandonar la política.