Sánchez se enfrenta a un interrogatorio público en el que está obligado a decir la verdad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves 30 de abril, a petición del Partido Popular, en la Comisión de Investigación del Senado donde tiene previsto responder a las preguntas planteadas por los diferentes grupos parlamentarios sobre los escándalos de corrupción, cristalizados en varias causas judiciales, que salpican a su entorno más cercano, tanto político como familiar.

Las presuntas irregularidades cometidas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán, sus dos últimos secretarios de Organización en el PSOE, designados directamente por su intervención; las sospechas que pesan sobre su mujer, Begoña Gómez; el próximo juicio a su hermano, David Azagra; y, la alargada sombra de la financiación irregular de los socialistas, serán el eje conductor del primer interrogatorio público al que deberá enfrentarse el presidente del Ejecutivo.

Una cita en la que está obligado a decir la verdad ya que, como advertía el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, este pasado fin de semana: «Si miente, incurrirá en un delito; y si dice la verdad, también tendrá que asumir las consecuencias» de las presuntas irregularidades que le rodean.

Sin embargo, no es previsible que el presidente responda aportando nuevos datos a los ya conocidos o distintos de la versión oficial que ha mantenido el Gobierno, en bloque, sobre Ferraz y los sobres que revelan los pagos en efectivo del partido, algunos de ellos «sin soporte documental» de acuerdo con las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. También está descartado que realice anuncio alguno e intentará no salirse del perfil institucional que, según explican fuentes socialistas, se parecerá mucho al tono y formato que utiliza en las sesiones de control parlamentario de los miércoles, en el Congreso. Es decir, desviar la atención sobre los datos concretos para sortear con evasivas las preguntas más comprometidas.

Lo único cierto es que, diga lo que diga, Sánchez no podrá mentir porque, de lo contrario, se enfrenta a posibles consecuencias legales, tal y como establece el artículo 502.3 del Código Penal, en el que se alude a la obligación de decir la verdad: «El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».

Un escenario para el que el presidente del Gobierno habrá recibido asesoramiento jurídico previo. No en vano todo lo que diga, pero también lo que no, a lo largo de las más de seis horas que se estiman para su comparecencia, podría ser utilizado en un futuro y eventual entorno judicial.

Además, Sánchez también podría incurrir en un delito de desobediencia y arriesgarse a ser inhabilitado en caso de que optase por no acudir a declarar a la Cámara Alta, extremo que ha quedado completamente descartado. De hecho, es en el artículo 502.1 del Código Penal donde se precisa que quienes «dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales (...) serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».