El PP se queda sin margen para querellarse contra Sánchez en el Supremo por falso testimonio

Se lo había advertido Alberto Núñez Feijóo el sábado pasado en un mitin en Zaragoza: «Si miente irá al juzgado y si dice la verdad, también», en alusión a la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación que iba a tener lugar cinco días después. Claro que, en ese mismo acto, el líder de los populares le dio una tercera vía: «Que escoja bien de las tres opciones: decir la verdad, mentir o no responder». Y fue esta última, precisamente, la que eligió el presidente del Gobierno.

Las evasivas de Sánchez durante las cinco horas de interrogatorio político, sus «no me consta» y «que yo recuerde, no», fueron deliberados. Y han surtido el efecto que pretendía la Moncloa: cerrar la puerta a que el PP, que lidera la acusación popular en el Tribunal Supremo por el caso PSOE, pueda presentar una querella contra él por mentir en una comisión parlamentaria. Que es un delito tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal. Otra cosa es que el alto tribunal la hubiera luego admitido a trámite o no, pero el impacto habría sido grande.

Sin embargo, los populares han enfriado la posibilidad de dar ese paso en el Supremo después de revisar la transcripción de las cinco horas de comparecencia de Sánchez, según reconocen fuentes del partido a El Debate. Porque el presidente se cuidó mucho de no incurrir en ninguna mentira fácilmente contrastable, que fue el error que cometió su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en esa misma comisión: Cerdán negó en sede parlamentaria tener una relación estrecha con Koldo García y luego las grabaciones de este último demostraron lo contrario, así que una jueza de Instrucción de Madrid decidió abrir diligencias contra él la semana pasada.

Un exfiscal del Supremo consultado por este diario explica, además, que el delito de falso testimonio en una comisión de investigación parlamentaria ni siquiera sería de aplicación automática. «Tendría que haber mentido sustancialmente, en un aspecto relevante de la investigación y con la intención de engañar a la comisión. De manera dolosa y flagrante», enumera. Manos Limpias sí dio el paso y lo denunció ayer, pero con muy escasas probabilidades de éxito.

La posibilidad de ser objeto de una querella no era la única preocupación del presidente. También, y como contó este periódico el viernes, ser llamado a declarar por el juez Leopoldo Puente, como el miércoles lo fueron el exgerente del PSOE Mariano Moreno y la secretaria que entregaba los sobres con dinero en efectivo, Celia Rodríguez. Por lo pronto, este viernes el magistrado movió ficha y pidió a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García al haber indicios de financiación irregular.

No obstante, sí hubo dos asuntos en los que Sánchez dio una versión cuanto menos distorsionada de la realidad: la inclusión de José Luis Ábalos en las listas electorales de 2023 y las sanciones que pesaban sobre la vicepresidenta de Venezuela cuando esta aterrizó en España la noche del 20 de enero de 2020.

Respecto a lo primero, el presidente señaló que fue una propuesta del PSPV, entonces liderado por Ximo Puig. «Nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, es un partido federal, es un partido en el que las propuestas que se hacen parten de las federaciones. El PSPV, el Partido Socialista del País Valenciano, propuso a José Luis Ábalos como candidato a esas listas avalado, efectivamente, por el Comité Federal», afirmó.

Sin embargo, el propio Ábalos declaró en una entrevista en La Vanguardia publicada en junio de 2023: «Si voy en las listas al Congreso es porque lo ha querido Pedro Sánchez». En concreto, el exministro de Transportes contó: «Yo tenía una voluntad (la de ir en las candidaturas) y se me ha respetado». Cuando el periodista le preguntó: «¿Se ha sentido apoyado ahora por Pedro Sánchez?», él contestó: «Hombre, si estoy aquí y voy a estar en puesto destacado por Valencia es, entre otras cosas, por eso».

El segundo asunto tiene que ver con Delcy Rodríguez, según la versión de Sánchez en el Senado, cuando Ábalos le contó que la vicepresidenta de Venezuela iba a venir a España, «yo en ese momento desconocía absolutamente que tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo».

No obstante, esas sanciones a ella y a otros altos cargos del régimen de Nicolás Maduro llevaban un año y medio en vigor. Habían sido acordadas a finales de junio de 2018, en una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en la que participó Josep Borrell. En respuesta, el Gobierno de Venezuela llegó a emitir un comunicado denunciando la «agresión continuada e injerencista de la Unión Europea». En junio de 2024, y a petición del PP, el Ejecutivo remitió a la comisión de investigación del Senado una copia de esa orden europea, que a día de hoy sigue en vigor.

Pero ni uno ni otro asunto sin suficientes para que el alto tribunal pudiera abrirle diligencias.