El abogado de González Amador afea las maniobras de Fiscalía y Abogacía: «Si uno busca su indefensión, ¿qué tutela pretende?»

El abogado Gabriel Ramos, encargado de la representación jurídica de la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, se ha opuesto al intento de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía de «pre constituir pruebas» para un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una presunta vulneración de los derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz, durante la instrucción de su causa, cuando, todavía, se está celebrando hoy la primera de las sesiones del el juicio que ha llevado al fiscal general del Estado a sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos.

Así las cosas, Ramos ha dejado en evidencia el alegato de las doble defensa pública del titular del Ministerio Público, durante las cuestiones previas planteadas por ambas al Tribunal, para impugnar la legalidad del auto dictado por el juez Hurtado en relación al acceso de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al despacho de García Ortiz.

Frente a las denuncias «abstractas» de los letrados del fiscal general, el abogado del novio de Díaz Ayuso ha recordado que cuando se dictó dicho auto, el 30 de octubre de 2024, el instructor «alzó el secreto de las actuaciones» y se facilitaron a las partes las resoluciones de la causa, precisamente, para evitar cualquier vulneración de sus derechos como investigado o «indefensión» en los términos planteados por la «falta de igualdad de armas».

Pese a ello y a ser un dato esencial, ni la Abogacía del Estado, ni la Fiscalía «variaron sus recursos contra dicho auto», ha recordado el abogado Gabriel Ramos. «Si uno busca su indefensión ¿Qué tutela pretende?», ha espetado.

En la misma línea se han pronunciado la acusaciones populares de Fundación Foro Libertad y Alternativa, Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Todas ellas han impugnado las razones de la Abogacía del Estado ya que, sostienen, la «incautación» de los móviles de García Ortiz fue una parte más de la investigación «necesaria», como ya explicó, en su día, el magistrado instructor, cuya instrucción consideran «modélica», frente a las constantes «contradicciones» de la defensa.

Tampoco ha desaprovechado la ocasión de cargar contra los dos letrados que defienden al fiscal general, el letrado que actúa en representación del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por navegar el terreno de lo «abstracto» para sembrar dudas sobre las actuaciones previas que han llevado a García Ortiz al banquillo, este lunes. De hecho, esta parte, personada inicialmente como denunciante ha recordado en la sala que el derecho de defensa es «sacro» y que la invocación a una vulneración del derecho de la intimidad del fiscal general, sin referencias concretas a dónde se ha perpetrado, ha sido «en vano».

«La queja» formulada por la Abogacía y la Fiscalía «es ajena al procedimiento», ha sostenido el abogado del ICAM, en tanto en cuanto, «las filtraciones» de datos como el domicilio de García Ortiz o del contenido de un mensaje concreto de sus cuentas de correo son, en todo caso, consecuencias extraprocesales que no generan la nulidad de las actuaciones« con cuya petición han arrancado las defensas. Además, ha recordado que el despacho profesional de un cargo público, como es el caso, no se considera »domicilio personal porque no es morada«. Y ha insistido: »Lo que no se puede es sustituir el criterio del instructor por el propio de la Fiscalía y la Abogacía, de acuerdo con sus intereses, porque no es serio en términos procesales".