El cerrojazo de Junts a la legislatura paraliza toda la agenda ideológica del sanchismo

El cerrojazo a la legislatura que este jueves anunció Junts ha supuesto la paralización inmediata y total de toda la agenda ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre el casi medio centenar de leyes contra las que el partido de Carles Puigdemont tiene intención de presentar enmiendas a la totalidad en el Congreso o no apoyar en su tramitación parlamentaria están las de mayor carga política y social del sanchismo.

Desde la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal hasta la ley de familias; pasando por la modificación de la ley de seguridad ciudadana, la de información clasificada, la de secretos oficiales, la ley con la que el Gobierno pretende regular el ecosistema de los medios de comunicación y los servicios digitales y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Entre las pocas excepciones que hará Junts figura la Ley de Movilidad Sostenible, y porque ésta viene de un pacto previo y está en su último trámite: ya ha pasado por el Senado y ahora tiene que volver al Congreso para ser aprobada con las enmiendas incorporadas en la Cámara Alta (básicamente, del PP) o tal y como salió del Congreso anteriormente.

Al respecto de la Lecrim, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros el martes de la semana pasada en segunda vuelta, Félix Bolaños se felicitó ese día: «Han tenido que pasar 12 papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que hoy, 143 años después, el Consejo de Ministros apruebe la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal». Una reforma con la que el Ejecutivo pretendía, o pretende, dejar la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales, que, por tanto, pasarán a tener la policía judicial a su servicio.

Ese día, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes vendió la piel del oso antes de cazarlo, como el Ejecutivo lleva haciendo desde que empezó la legislatura. Porque en todo este tiempo la coalición ha vivido 30 escaños por encima de sus posibilidades, que son los que le faltan al PSOE y a Sumar para alcanzar la mayoría absoluta. Siempre dependiendo de Junts, ERC, el PNV, Bildu y Podemos, de todos a la vez y de todos todo el tiempo.

Sin salir del ámbito judicial, entre las leyes damnificadas está la llamada ley Bolaños, una doble modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contra la que buena parte de la Judicatura se manifestó a comienzos del verano. Y que incluso motivó una huelga, por comprometer la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal, según los convocantes. Entró en mayo en el Congreso y ahí quedó, encallada. Si ya antes del bloqueo de Junts su aprobación parecía imposible, ahora más.

Entre las más añejas está la ley de familias, que aterrizó en la Cámara Baja en marzo de 2024 y ahí sigue, acumulando polvo y prórrogas del plazo de enmiendas. El proyecto reconoce jurídicamente a las familias monoparentales, adoptivas y las LGTBI y, además, cambia la denominación tradicional de familia numerosa por «familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza».

La ley de información clasificada es otra de las leyes a las que Junts ha hecho cruz y raya. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto en julio, después de muchos años de idas y venidas. Con ella, el Gobierno pretende regular el «derecho a la libertad de información». También desclasificar todos los documentos de la dictadura y la Transición, al establecer un máximo de 45 años para los secretos oficiales (prorrogables hasta los 60 años si son considerados alto secreto).

Referente al ámbito periodístico es también el proyecto de ley para «la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación», que el Ejecutivo aprobó en julio y envió ipso facto al Congreso. Se trata de una norma con tintes de «ley mordaza», con la coartada de que hay que incorporar al ordenamiento jurídico español diversos reglamentos europeos, como el 2022/2065. Sin embargo, los reglamentos europeos son de aplicación directa en los estados miembro, sin necesidad de ninguna ley nacional.

La norma, detenida en la estación de Junts, pretende introducir cuatro grandes cambios: la creación de un registro estatal de medios al cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; la capacidad de la CNMC de enviar inspecciones y multar; un régimen de sanciones de hasta 600.000 euros, que en el caso que las muy graves decidirá directamente el ministro Óscar López; y la posibilidad de las suspensiones temporales de la actividad para los infractores.

También queda abortada la reforma de la Ley del Régimen Electoral para que las empresas demoscópicas tengan la obligación de publicar los microdatos y que haya debates electorales en campaña. Y la ley de Industria y Autonomía Estratégica, que obligaría a las empresas que hayan recibido subvenciones públicas superiores a los tres millones de euros en los últimos cinco años a mantener la actividad durante el periodo que establece la ley.

Y las que vendrán (o iban a venir)

Todas éstas son leyes que actualmente están en su trámite parlamentario y ahora entran formalmente en el congelador de Puigdemont, aunque en su mayoría ya lo estaban en la práctica. Además, hay otras muchas que el Gobierno tiene en fase de borrador o de anteproyecto y que correrán la misma suerte. La reforma de la Ley de Financiación de Partidos, que es parcialmente ad hominem contra Vox: pretende dificultar las formas de financiación extranjera y por la vía del merchandising, que son dos recursos utilizados por el partido de Santiago Abascal.

También, la reforma de la ley que regula el derecho de rectificación. La modificación de la ley orgánica que regula el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y la tantas veces anunciada ley de abolición de la prostitución, que el PSOE quería aprobar para expiar los pecados de José Luis Ábalos pero que de momento ni siquiera llega a ser un anteproyecto. Porque para que salga del Consejo de Ministros primero tiene que haber un acuerdo entre el PSOE y Sumar, que no lo hay.