Registros en Acciona por el caso Koldo: la UCO busca pruebas sobre presuntas mordidas de Santos Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este viernes las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid en el marco de una pieza separada y secreta del ‘caso Koldo’, dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Las diligencias investigan presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública que implicarían al exdirigente socialista Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García.

El registro más llamativo se ha desarrollado en Bilbao, en el número 27 de la calle Alameda de Rekalde, donde se encuentra la sede de Acciona en la capital vizcaína. La intervención ha comenzado a primera hora de la mañana y se ha prolongado durante varias horas. Hacia las 15:15, cuatro agentes han abandonado el inmueble portando mochilas idénticas, en las que presumiblemente trasladaban documentación o material intervenido. En el mismo edificio, pero en una planta superior, se encuentra la sede del Partido Socialista de Euskadi, una coincidencia que no guarda relación directa con la operación, aunque ha llamado la atención entre los vecinos del inmueble.

Fuentes próximas a la investigación señalan que el operativo ha sido simultáneo al desarrollado en Madrid, también en dependencias de Acciona. Ambas actuaciones se enmarcan en la causa secreta abierta por el Supremo para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades atribuidas a Cerdán, cuya influencia territorial en Navarra y su relación con Koldo García constituyen uno de los ejes de la investigación.

Además de los registros en ambas ciudades, la UCO se ha personado en las instalaciones de una empresa con sede en Sevilla para requerir documentación vinculada a la misma pieza. Los agentes han intervenido igualmente en las cooperativas Noran y Erkolan, situadas en San Sebastián, que aparecen relacionadas con las líneas de investigación sobre adjudicaciones públicas y pagos presuntamente irregulares.

Acciona figura como adjudicataria de varias obras públicas examinadas por la UCO en el marco del procedimiento abierto en el Supremo. Según informes incorporados a la causa, los investigadores han detectado indicios de «altas cantidades de dinero» presuntamente entregadas a Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García a cambio de gestiones encaminadas a favorecer adjudicaciones. En esos mismos documentos se menciona la posible existencia de «contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona», hipótesis que ha motivado los registros de este viernes.

Las pesquisas han llevado a los investigadores a analizar varias Uniones Temporales de Empresas (UTE) en las que Acciona formaba parte junto a mercantiles de menor tamaño. La UCO sitúa el origen de la operativa en 2015, cuando detectó una «continuidad temporal» en las relaciones entre Acciona y Koldo García en torno a un proyecto concreto: una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón que había contratado los servicios de Acciona en UTE con la empresa Servinabar. A partir de ese punto de partida, el Supremo ha solicitado información adicional para delimitar el alcance de estas colaboraciones empresariales y su posible vinculación con el pago de comisiones.

La situación procesal de los principales investigados continúa avanzando. Santos Cerdán permanece en prisión provisional desde el 30 de junio por su presunta condición de cabecilla de la trama de obra pública investigada en el ‘caso Koldo’. Sin embargo, el magistrado instructor ha reiterado en varios autos que prevé ordenar su puesta en libertad antes de que se cumpla el plazo máximo legal de seis meses, que vence el 30 de diciembre. Según sus resoluciones, su objetivo es asegurar determinadas pruebas antes de modificar la situación del exdirigente socialista.

Por su parte, José Luis Ábalos y Koldo García continúan en libertad con medidas cautelares —prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias periódicas—, las mismas que pesan sobre el exdirectivo de Acciona Fernando Merino y sobre el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, considerado «amigo» de Cerdán. Ambos aguardan el avance del procedimiento judicial por la presunta trama de comisiones vinculada a adjudicaciones públicas y a la contratación de material sanitario durante la pandemia.

Las diligencias de este viernes se enmarcan en una fase de la investigación declarada en secreto y centrada ahora en la revisión de documentación empresarial y en el análisis de vínculos entre adjudicaciones, pagos y empresas implicadas. El Tribunal Supremo mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si existió una red continuada de cobro de mordidas que habría afectado a decisiones administrativas en diferentes ámbitos territoriales.