Las dos pruebas obvias y de peso que condenan sí o sí al fiscal general del Estado

Imaginen que Pedro Sánchez se opera la cara. Es un ejemplo ficticio, pero imagínenlo por un instante. De repente, se ve algo extraño en su rostro durante una comparecencia pública: sus rasgos más afilados, sus pómulos más definidos, un brillo juvenil en su piel. Un medio publica entonces que se ha operado la cara. Se abre la espita y en las tertulias de las teles, radios y en la prensa surgen voces que lo desmienten: aseguran que es dieta y cremas. Sin embargo otras insisten en la operación.

A la algarabía se suman cirujanos plásticos de prestigio que dan sus opiniones: unos afirman que sí: operado. Otros lo niegan. Como el escándalo es grande, el diario más representativo de la izquierda mediática, se siente en la obligación de defender a su líder y niega la operación citando fuentes oficiales.

El cirujano plástico que le ha operado contempla lo ocurrido sin dar crédito. Comprueba indignado cómo la falsedad conquista terreno, y él, que tiene su prestigio, quiere ganar el relato. Llama a sus subordinados de noche y les saca de un partido de fútbol de la Champions para que, por correo electrónico, le faciliten todo el expediente médico, que se acaba filtrando. Nadie sabe quién lo ha hecho, porque el médico borra su móvil. No hay prueba.

Los periódicos publican el informe médico de la operación, pero son solo noticias. En un clima de absoluta polarización unos las creerán, otros no. Habrá quien diga que el documento médico es real y quien diga que es falso, confeccionado por inteligencia artificial. Sin embargo, para que no quede duda, el cirujano plástico, que tiene deber de confidencialidad y que bajo ningún concepto puede revelar que ha operado la cara a Pedro Sánchez, ni dar datos de la operación, emite una nota de prensa. En la misma asegura que él le perfiló el rostro de arriba a abajo. Y que le colocó silicona en los pómulos para definirlos mejor.

En este ejemplo ficticio, es obvio que el médico no puede confirmar la noticia. Da igual que se lleve comentado horas, días o que se haya publicado antes. Da igual que la operación esté en boca de todos. El cirujano, el que oficialmente le hizo la cara nueva, tiene el deber de custodia y de confidencialidad de esos datos. Sí o sí se debe de abstener de publicar ninguna nota de prensa confirmando la operación.

Ese es precisamente el delito que cometió el fiscal general del Estado. Hay dos pruebas obvias y de peso que confirman la autoría de Álvaro García Ortiz. La primera: su jefa de prensa, Mar Hedo, contó en la vista oral que el propio fiscal general del Estado le dictó la nota de prensa en la que confirmó que el novio de Ayuso había confesado dos delitos fiscales. En esa nota se confirmaron, de forma oficial, datos que debían permanecer confidenciales. La segunda prueba fue la declaración pública del propio Álvaro García Ortiz en la que afirmó: «Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa».

Da igual que los datos estuvieran publicados o no, da igual que no existiese secreto porque los medios ya hubiesen publicado el correo del novio de Ayuso y da igual que seis periodistas de «reconocido prestigio» negaran que el fiscal general del Estado les hubiera pasado la información. Lo importante es que el fiscal nunca debió salir públicamente a confirmar la noticia.

Lo dice bien claro el artículo 417.1 del Código Penal: «La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».

Por eso el Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado. Y por eso le imponen pena de multa como dice el artículo 417.1 y, entre 1 y 3 años de inhabilitación, eligen la mitad: 2 años. Desde un punto de vista penal el asunto es tan sencillo y tan obvio que no hacía falta más deliberación que una semana.

Sin embargo, para las dos magistradas que han emitido votos que discrepan de la mayoría está permitido que el cirujano plástico salga y confirme datos privados de una operación. No es delito. Así que famosos y famosas del mundo, preparaos para que los propios médicos confirmen si os habéis operado, si habéis pasado por quirófano y qué retoque os habéis hecho: Ana Ferrer y Susana Polo absolverán a los médicos que confirmen vuestras operaciones en nota de prensa.