El apoyo decisivo del PSOE a la ley contra la multirreincidencia de Junts enfada a sus socios de izquierdas

El desbloqueo del PSOE a la proposición de ley contra la multirreincidencia de Junts ha soliviantado a los socios de izquierda de Pedro Sánchez, que asisten con desconfianza a esta ceremonia del cortejo iniciada por el presidente para recomponer su relación con Carles Puigdemont. El texto no gusta a Bildu ni a Podemos, y tampoco a ERC ni Sumar.

Aun así, el voto favorable del PP, el PSOE, Vox, Junts y el PNV garantiza la aprobación de una norma que podrá ir al Pleno en febrero. Su texto definitivo salió de la ponencia de la Comisión de Justicia que se reunió el jueves a puerta cerrada, y tras la introducción de cuatro enmiendas transaccionales por parte del PP y dos por parte del PSOE.

Hasta entonces, los socialistas habían tenido varada la proposición de ley de Junts durante más de un año, ampliando semanalmente el plazo de enmiendas parciales. Solo el golpe en la mesa que dio Junts al anunciar el bloqueo de la legislatura hizo que el PSOE se moviera.

La ley reformará el Código Penal e impondrá multas de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.

En el último momento se ha añadido otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. No se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

Además, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, «cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro». Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción, informa Europa Press.

Entre las novedades está también la posibilidad de imponer cautelarmente al delincuente «la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas».

Y, a iniciativa del PP, una pena de prisión de uno a cinco años por el llamado «petaqueo», que presta apoyo logístico a las narcolanchas. De manera que la reforma, una vez que esté en vigor, castigará «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos» contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, destacó este viernes que el desbloqueo de esta ley con los votos del PSOE, el PP, Vox, Junts y el PNV «demuestra que es posible hacer una política alejada de las trincheras y centrada en alcanzar acuerdos para responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía».