Los tambores de adelanto electoral en Aragón agravan la crisis abierta en la Moncloa

En plena crisis en la Moncloa, los tambores de un adelanto electoral en Aragón han puesto nerviosos a Pedro Sánchez y a Pilar Alegría, aunque por diferentes motivos. A él, porque si Jorge Azcón aprieta el botón y convoca en la segunda quincena de febrero, Sánchez tendrá que precipitar la salida del Gobierno de su portavoz, que no tenía prevista aún. A ella, porque el caso Salazar y las ramificaciones de la trama de Santos Cerdán y Servinabar en Aragón le dibujan un panorama dantesco como candidata del PSOE. Así que todo lo que sea ganar tiempo y evitar las urnas, mejor.

Este miércoles, Azcón y Alegría tienen prevista una reunión dentro de la ronda de contactos emprendida por el presidente aragonés para buscar apoyos para los Presupuestos de 2026; que se ha dado un par de semanas para pactarlos, preferiblemente con Vox. Si no, disolverá las Cortes.

El objetivo de Alegría, y de Sánchez por elevación, es evitar que Azcón convoque elecciones. O, al menos, que si lo hace se imponga el relato de que lo hace por cálculo electoral, no porque no tenga elección. Es por eso que, el lunes, la candidata socialista sorprendió tendiendo la mano a su rival, abriéndose a que el PSOE apoye el techo de gasto del Ejecutivo regional y, si acaso, los Presupuestos. Un gesto que, de entrada, escamó a los populares, convencidos de que Alegría y Sánchez «han entrado en pánico».

«Si Azcón prefiere ir a un adelanto por un cálculo electoral y personal, lo tendrá que explicar. Si prefiere pactar los Presupuestos con la ultraderecha, asumiendo sus postulados, también lo tendrá que explicar», señalan desde el entorno de Alegría, destapando así la estrategia de los socialistas: si ha de haber elecciones, al menos que Azcón sea visto como el culpable.

Pero casi nada está en manos de Alegría. Está en las de Azcón y en las de Santiago Abascal, que ni siquiera en las del portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. El presidente regional insiste en que no tiene ningún interés en ir a elecciones antes de mayo de 2027, porque según él la comunidad está en un gran momento: Aragón ha captado inversiones por valor de más de 70.000 millones de euros para el próximo lustro. En cualquier caso, Azcón no postergará la decisión, sino que la anunciará antes de las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura.

Para Sánchez, las vibraciones no son buenas. El pasado sábado, en una conversación informal con periodistas en el Congreso, el presidente del Gobierno adelantó que únicamente hará un cambio quirúrgico si tiene que precipitar la salida de Alegría del Consejo de Ministros. Pero aun así no es un cambio cualquiera, porque no se trata solo de sustituir a la ministra de Educación, sino también, y sobre todo, a la portavoz del Ejecutivo. La cuarta de Sánchez, después de Isabel Celaá, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez.

La marcha de la vicepresidenta Montero a Andalucía quedaría para más adelante. Ella misma suele decir que, de momento, es «más útil» en el Gobierno que en Andalucía. La también ministra de Hacienda quiere dejar tres deberes hechos antes de mudarse definitivamente a Sevilla para ser candidata a la Junta de Andalucía a tiempo completo: llevar los Presupuestos Generales de 2026 al Consejo de Ministros en febrero; presentar un nuevo modelo de financiación autonómica a las comunidades ese mismo mes; y dejar encauzada la negociación parlamentaria de la ley que articulará la quita de 83.252 millones de euros a las comunidades del régimen general.

Respecto a esto último, el Consejo de Ministros de este martes aprobó en segunda vuelta, ya como proyecto de ley, la llamada Ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que es el nombre que los socialistas han dado a la quita. Así que ahora será enviada al Congreso.

La condonación tiene mejor pronóstico en el Parlamento que los Presupuestos, puesto que Junts está a favor. De manera que su tramitación no debería ser demasiado larga. En el Ministerio confían en que esté aprobada en primavera. A partir de entonces, Hacienda abrirá un plazo para que las comunidades que lo deseen se acojan a esta medida, puesto que deben solicitarla.

Por lo que respecta a Alegría, esta dio ayer un giro copernicano para intentar sacudirse el caso Salazar. Porque la comida que mantuvo el 3 de noviembre con el hombre al que dos trabajadoras de la Moncloa han acusado de acoso le está haciendo un daño enorme. Además, se da la circunstancia de que poco después el partido dio carpetazo al expediente.

Sin ser preguntada, la portavoz del Gobierno aprovechó la rueda de prensa de los martes en la Moncloa para afirmar: «Me llamó y acudí. Esa comida no se tenía que haber producido, fue un error». Además, declaró sentir «dolor, indignación y traición», pero «ni similar ni comparable» al de las víctimas. Por el contrario, el día después de la comida sostuvo en esa misma sala: «Es un encuentro que se circunscribe única y exclusivamente en el ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año. Sin más». Fuentes cercanas a la portavoz sostienen que, en aquel almuerzo, Salazar no fue a pedirle trabajo ni trataron ningún asunto político.

En unos días, Sánchez, Alegría y el resto de los socialistas saldrán de dudas: después de Extremadura, ¿Aragón o Castilla y León?