La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
Los escándalos sexuales del PSOE
El silencio cómplice de Yolanda Díaz ante los casos de acoso del PSOE: Trabajo evita las inspecciones laborales de oficio
Se ha hablado mucho sobre las consecuencias penales de las conductas denunciadas por las trabajadoras socialistas, en los casos Torremolinos, Salazar y Tomé, dejando de lado las secuelas del Orden Social
Desde que trascendiesen a la escena pública, en los últimos días, en cascada, varios casos de acoso sexual en el PSOE de Pedro Sánchez, muchos se han preguntado sobre la posible responsabilidad penal del partido político, de acuerdo a lo previsto en el articulo 184.5 del Código Penal, que incluyó consecuencias criminales, en clave de autor, también para las personas jurídicas por este tipo de conductas. Si bien, de acuerdo con los expertos consultados por El Debate, para que los socialistas hubiesen incurrido en este tipo de consecuencias, el artículo 31.bis de la misma norma exige que el empleado que las comete, lo haga «por cuenta de la empresa o produciéndole un beneficio directo o indirecto» a ésta que, a la mayoría de los juristas, les cuesta identificar en los casos Torremolinos, Paco Salazar o en el más reciente de la Diputación de Lugo, de la mano del ya dimitido José Tomé.
Un escenario que sí se daría en el caso de que alguno de estos cargos o empleados del PSOE, por ejemplo, hubiesen accedido a amañar obra púbica, a favor de una empresa que en lugar de pagarle 'mordidas' económicas, a cambio, hubiese pactado entregas en especie a través de promesas de intercambio sexual con una de sus compañeras. En ese caso, «quien acosase directamente, tendría la misma responsabilidad que el tercero, mercantil, para quien realiza el acoso», apuntan los especialistas.
Los mismos que no albergan dudas sobre «la inevitable responsabilidad civil subsidiaria del PSOE con las víctimas», si las denunciantes que han planteado los acosos en el canal interno de los socialistas de Ferraz, terminasen formalizando las denuncias ante la policía o la Fiscalía y fruto de ello se diese un proceso penal, en el que los hoy señalados fuesen condenados.
Tampoco hay discrepancias sobre las posibles sanciones que corresponderían al PSOE, como persona jurídica, en el ámbito laboral, del que es máxima responsable la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
Así las cosas, pase lo que pase en el orden penal, «el partido tiene la obligación de impedir que se comentan este tipo de situaciones, de gestionarlas en base a los protocolos internos y de perseguirlas de acuerdo con los manuales de prevención riesgos laborales» que no parecen haberse activado en ninguno de los casos conocidos en las últimas horas.
Un silencio que, en este caso, compromete de manera directa al PSOE en materia laboral, ante la ausencia de inspecciones de oficio o intervenciones directas de la Administración competente, que depende de la líder de Sumar, socia del Gobierno en esta legislatura. «Si hay trabajadoras del PSOE que han sufrido acoso dentro de la empresa y los protocolos no se han aplicado o no se han empleado correctamente, la empresa es responsable sin paliativos, de acuerdo con el artículo 8.13, 48 y siguientes de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) vigente», advierten los expertos. Y, hasta la fecha, ¿qué ha hecho la Inspección de Trabajo de Yolanda Díaz, en relación a la omisión del PSOE en los canales internos?, se preguntan muchos de ellos.
No en vano, pese a los esfuerzos dialécticos de Díaz, ayer, en la tribuna del Congreso de los Diputados, por condenar el «machismo» rampante que ha quedado al descubierto en el PSOE, la portavoz del Grupo Popular (GPP) en el Congreso, Ester Muñoz, afeaba la actitud de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo: «¿Cómo puede soportar el olor nauseabundo que le rodea? ¿Qué más tiene que pasar para que deje este Gobierno y deje de sustentarlo».
Muñoz acusaba a Díaz de «mirar para otro lado y taparse la nariz» ante todo lo que está ocurriendo, anteponiendo «su interés político a las víctimas». «Hace tiempo que la hipocresía es el precio que paga por el piso oficial, subrayaba la portavoz del PP en la Cámara Baja. Unas actitudes previsibles, dijo Muñoz, “viniendo del presidente que llegó al Gobierno a bordo de un Peugeot lleno de puteros, que ha vivido de la prostitución con total normalidad y que llama pájaras a sus ministras».
Desde la bancada de la oposición cuestionaban a Yolanda Díaz por seguir formando parte de un Ejecutivo "en el que en las puertas de Moncloa había acoso sexual a trabajadoras del Partido Socialista y que el PSOE intentó tapar”.