El Gobierno defendió hace un mes el rescate a Plus Ultra: «No consta ninguna irregularidad ni mala utilización de fondos»

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró ayer la sede de la aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y detuvo a su presidente, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli. La operación se llevó a cabo por un presunto blanqueo en el marco de una investigación bajo secreto de sumario del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, el mismo que acordó en enero de 2023 archivar la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra que materializó el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia de la Covid-19.

A pesar de ello, el Ejecutivo defendió hace tan solo un mes, el pasado 4 de noviembre, la ayuda a esta compañía aérea y afirmó que «hay que destacar que no consta ninguna irregularidad, ni ninguna denuncia sobre la mala utilización de los fondos». En este contexto, el comisionista del caso PSOE, Víctor de Aldama, relató en septiembre, en una entrevista en COPE, que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero estuvo involucrado en el rescate de Plus Ultra, acudiendo al Ministerio de Transportes para presionar al entonces ministro José Luis Ábalos –hoy en prisión provisional por su presunta corrupción– sobre la necesidad de aprobarlo.

Asimismo, reveló que diez millones de euros de dicha ayuda habrían ido a financiar a la Internacional Socialista, entidad que encabeza Sánchez desde 2022. Aldama aseguró que él escuchó a Koldo García –exasesor ministerial– y al propio Ábalos decir que con «en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista».

Tras ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó una batería de preguntas escritas al Gobierno –adelantada por El Debate– en la que recogía las acusaciones del comisionista del caso PSOE, y además señaló que «trascendió hace varios meses que la Fiscalía Anticorrupción consideró que había indicios de que la aerolínea Plus Ultra defraudó al Estado español, haciendo un «uso indebido» de los 53 millones de euros del rescate que le concedió el Consejo de Ministros en el año 2021».

«La compañía Plus Ultra está controlada en su mayoría (57 %) por tres empresarios venezolanos (Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie) y, por lo tanto, tiene conexión con el chavismo venezolano. Además, lo que debe considerarse más allá de una mera coincidencia, la compañía fue 'usada' por Víctor de Aldama según documentación que ha incorporado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a la causa de la trama Ábalos, para traer a España de forma 'privilegiada' a empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro en pleno confinamiento. Curiosamente, la aerolínea vuelve a aparecer en un asunto 'turbio' relacionado con gestiones del Partido Socialista. En este caso con la adjudicación por el gobierno canario presidido por Ángel Víctor Torres a la operadora aérea One Airways SAU, de un contrato para traer material sanitario de China, por un importe de 1.125.00 euros, que no tenía licencia para volar a China y que, por tanto, subcontrató con Plus Ultra», añadió el texto de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Por ende, el PP preguntó al Ejecutivo si «ha realizado alguna comprobación sobre si fondos de la compañía Plus Ultra han terminado como aportación a la Internacional Socialista», y si ha hecho «algún tipo de análisis o investigación para determinar si la compañía Plus Ultra ha defraudado al Estado Español , haciendo un 'uso indebido' de los 53 millones de euros del rescate que le concedió el Consejo de Ministros en el año 2021».

Igualmente, exigió que explicase «qué medidas piensa adoptar si se confirma la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, de que por parte de la compañía Plus Ultra 'defraudó' al Estado Español haciendo un 'uso indebido' de los 53 millones de euros de ayuda concedidos por el Consejo de Ministros en el año 2021, o si parte del dinero del rescate fue a parar a la Internacional Socialista». «¿Qué análisis y comprobaciones hizo el Gobierno sobre la compañía 'Plus Ultra' para conceder el rescate de 53 millones?», agregó.

La respuesta escrita del Gobierno –fechada el 4 de noviembre y a la que ha tenido acceso El Debate– no contesta de forma clara a lo preguntado, aunque expresa que «la concesión o denegación de los apoyos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE) es fruto del análisis económico y jurídico que se realiza a lo largo de un procedimiento administrativo tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de las empresas, del impacto que han sufrido por la COVID y de los planes de viabilidad».

De la misma forma, el documento del Ejecutivo afirma que «el Tribunal de Cuentas, en su Informe de Fiscalización de la actuación de SEPI en el procedimiento de aprobación de las operaciones de FASEE, concluye que SEPI» –cuyo presidente entre 2018 y 2019 Vicente Fernández, ha sido detenido junto a la fontanera del PSOE Leire Díez–aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de los requisitos y de las condiciones de financiación establecidas en la normativa.

«Adicionalmente, hay que destacar que no consta ninguna irregularidad, ni ninguna denuncia sobre la mala utilización de los fondos; no obstante, de apreciarse alguna irregularidad, se procedería en consecuencia», dictaminó el Gobierno.