María Jesús Montero, durante una intervención en el Congreso de los Diputados
Montero y Plus Ultra: así ha defendido el Gobierno la ayuda a la aerolínea en cada momento clave
El vídeo de la parte superior muestra todas las veces que la Vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero ha defendido la transparencia en el rescate de Plus Ultra
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido una de las figuras del Ejecutivo más ligadas a las explicaciones públicas en torno a la polémica generada por la concesión de ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra desde que ésta se aprobó en plena pandemia de COVID-19.
A lo largo de cuatro años, Montero ha defendido la legalidad y transparencia del proceso en múltiples ocasiones y ante distintas acusaciones de la oposición, vinculando su defensa incluso a rescates posteriores como el de Air Europa.
En abril de 2021, en el contexto de la concesión de 53 millones de euros al grupo Plus Ultra por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Montero afirmó que «no dar una ayuda a una empresa que cumple los requisitos es prevaricación», subrayando que la compañía había cumplido con lo estipulado para recibir la ayuda y que negársela sería ilegal.
Montero ha defendido que Plus Ultra debía ser considerada empresa estratégica para España, por su papel en la conectividad aérea y su aporte al sector turístico, lo que justificaba su inclusión en el fondo de apoyo a empresas durante la pandemia.
En marzo de 2024, en una sesión plenaria, Montero respondió a las acusaciones de que el Gobierno había ocultado información sobre los expedientes de ayuda no solo de Plus Ultra sino también de Air Europa, asegurando que «está todo correcto» y que no hay «nada que ocultar» en relación con esos expedientes. Explicó que todas las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia quedan registradas y son públicas, matizando que se omiten solamente datos confidenciales relativos a personas o empresas.
Montero ha rechazado insinuaciones o interpretaciones que ponen en duda la transparencia del Gobierno o que sugieren motivaciones ocultas en decisiones como el rescate. Por ejemplo, en otras ocasiones ha calificado como «indecentes» insinuaciones que busquen cuestionar injustificadamente la legitimidad de las decisiones del Ejecutivo.
Cabe recordar que el caso adquirió un nuevo impulso en diciembre de 2025 con una investigación penal por presunto blanqueo de capitales vinculada al uso de los fondos del rescate. La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a poner bajo lupa cómo se utilizaron esos 53 millones, con registros judiciales y detenciones de altos cargos de la aerolínea, precisamente el presidente y el CEO, en relación con operaciones financieras que supuestamente podrían vincularse a fondos ilícitos.
