Montero queda acorralada por su responsabilidad política y deja a Sánchez más desprotegido

María Jesús Montero se convirtió este jueves en la viva imagen de un Gobierno acorralado en lo político, en lo judicial y en lo interno. En lo político, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda sufrió en primera persona la segunda y definitiva derrota de la senda de estabilidad sobre la que el Ejecutivo pretendía elaborar los Presupuestos Generales de 2026.

En lo judicial, la detención del primer presidente de la SEPI al que Montero nombró en junio de 2018, solo tres semanas después de que Pedro Sánchez y ella misma llegaran a la Moncloa, la dio de lleno. Puesto que suya es la responsabilidad política de haberlo traído de la Junta de Andalucía al Gobierno de España. Pero no solo eso, porque también salió tocada del arresto del presidente y del consejero delegado de Plus Ultra en una operación policial por blanqueo: ella fue la responsable política del polémico rescate a la aerolínea con 53 millones de euros en la pandemia.

En lo interno, la vicesecretaria general del PSOE está señalada como encubridora de los casos de acoso sexual denunciados en el partido, que este viernes ha convocado a sus responsables de Igualdad a una reunión presencial para tratar de amainar las aguas. La anterior fue telemática y acabó peor que mal.

El halo de inmunidad que desprendía la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE, diputada, secretaria general del PSOE de Andalucía y rival electoral de Juanma Moreno se ha apagado en cuestión de días. Dejando más a la intemperie, si cabe, a Pedro Sánchez, que ya ha visto entrar en la cárcel a sus dos secretarios de Organización: primero a Santos Cerdán y, ocho días después de que este abandonara Soto del Real, a José Luis Ábalos. «A Montero se le está poniendo cara de Santos Cerdán», ironizó el secretario general del PP, Miguel Tellado, que pidió su dimisión ante su situación «insostenible».

Montero es la número dos del Gobierno y del partido, además de la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. Desde que hace 22 meses estalló la trama de las mascarillas, con la detención de Koldo García en febrero de 2024, la sevillana ha sido el parachoques político del presidente. La mujer que arengó a la militancia a las puertas de Ferraz cuando Sánchez se encerró cinco días para reflexionar, en un abril de infausto recuerdo para los socialistas. La negociadora en jefe del Ejecutivo, junto al ministro Félix Bolaños. La ministra, que en junio se sobrepuso, como si nada, a la dimisión de su número tres -el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central-, acusado de anular multas a cambio de mordidas. Y al encarcelamiento de Cerdán y de su «tronco» Ábalos. Y, muchos años antes, a los EREs.

También, la persona a la que, el pasado agosto, Sánchez colocó al frente de la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. La vicepresidenta que tiene el encargo de llevar los Presupuestos de 2026 al Congreso para su negociación, previa aprobación en el Consejo de Ministros. Y asimismo de presentar a las comunidades, en febrero, un nuevo modelo de financiación autonómica.

De estrecho colaborador a «este señor»

La vicepresidenta primera llegó ayer al Pleno del Congreso pasadas las tres de la tarde (seis horas después de su comienzo) y lo primero que hizo, antes de entrar al hemiciclo, fue ponerse ante las cámaras para negar toda relación con el expresidente de la SEPI detenido, Vicente Fernández, al que se refirió como «este señor». «No tengo ningún contacto con él desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI, hace más de seis años que no está y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor, lo he conocido por los medios de comunicación (...). Pero ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de reuniones, ni de llamadas. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos, no tenemos amigos de amigos». Cuando los periodistas le recordaron que fue ella quien lo nombró, trayéndoselo de Sevilla, se puso a la defensiva: «Ha sido interventor general de la Junta de Andalucía, del cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía, tiene toda una trayectoria. Su perfil profesional es un perfil que avala su nombramiento. Tampoco sé cuáles son las actividades que se investigan ni qué periodo. Parece posterior a su salida de la SEPI», trató de zanjar.

La oposición aprovechó su intervención en el Pleno para apretarle más. «Todas las personas que usted nombra de su confianza hoy están investigadas por la corrupción que le rodea (...). Estuvo en el gobierno de los ERE, en el Gobierno de Sánchez y Ábalos y en el PSOE de Cerdán y Salazar. Está rodeada de la corrupción», le recriminó el popular Juan Bravo. Y el diputado de Junts Josep Maria Cruset dejó una frase lapidaria para el Diario de Sesiones: «Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana».

Y mientras la número dos del Gobierno se hundía, el número uno asistía desde la Moncloa, en camisa y jersey, a una reunión por videoconferencia de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. Cuando la catástrofe la tiene más cerca; la tiene dentro.