Las citas judiciales con las que arrancará 2026

2026 arrancará con varios frentes judiciales de calado pendientes, entre los que destacan no sólo la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el clan de los Pujol, acusados por varios delitos cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales o prevaricación, algunos de los cuales comparten con los principales imputados en el 'caso PSOE' que se sigue en el Supremo contra varios de los ex dirigentes socialistas más próximos a Pedro Sánchez, incluyendo a dos ex secretarios de Organización, y que se ha extendido hasta la misma AN con varias derivadas vinculadas a las 'cloacas' socialistas o relativas a la presenta financiación ilegal de la formación.

Tal es así que, a lo largo del mes de febrero, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado el principal comisionista de la trama, tendrán que sentarse en el banquillo por varias presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Tanto Ábalos, como Koldo, se han comido las uvas de este año en prisión provisional, tal y como decretó el magistrado instructor Leopoldo Puente el 27 de noviembre avalado, más tarde, por la Sala de Apelación del Alto Tribunal.

Pese a los intentos por salir en libertad provisional, a la espera de juicio, ambos fracasaron en sendos recursos planteados contra su procesamiento, apoyado en un «robusto arsenal indiciario» que hay contra ambos y criticando que pretendan «alejar el momento del enjuiciamiento alegando razones variopintas».

De hecho, ha sido la propia Fiscalía Anticorrupción la que solicitó acordar la medida cautelar justificada en las elevadas penas de prisión que se solicitan para los dos ex socialistas: 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo. Una cifra ampliamente superada por las peticiones de las acusaciones populares, aglutinadas bajo la dirección letrada del PP, las cuales reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor.

Sin embargo, la vistas sobre las mascarillas no será el único frente de Ábalos en el Supremo, ya que el exministro se encuentra investigado en la otra pieza desgajada del procedimiento en la que la Sala Segunda de lo Penal ha puesto el ojo tras hallarse indicios bastantes de que la presunta trama de cobro de comisiones irregulares, a cambio de obra pública previamente amañada, en la que están también imputados Koldo y, en este caso, el exdirigente y predecesor del ex ministro de Transportes Santos Cerdán. Un asunto en el que volverá a ser determinante la impecable labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La causa de la doctora Pinto

La causa que pesa sobre el yerno de Villar Mir, el empresario Javier López Madrid, por presuntamente utilizar mandos policiales para asustar, acosar y amenazar a la dermatóloga, arrancará el próximo día 1 de febrero en la Audiencia Nacional.

Una fecha que ha estado a punto de no materializarse no sólo por la supuesta intervención de la cúpula de la Policía Nacional orientando la investigación a su favor de López Madrid sino, ahora, por el intento de sobornar a un comisario retirado, denunciado por este mismo, para librarse del paseíllo judicial por cohecho que le ha llevado ante la Sala de Apelaciones, junto al policía que asumió ciertas tareas, el comisario Villarejo.

Se acabó la fiesta, de Alvise

Otros de los casos que el Supremo continuará instruyendo en el nuevo año son los que acumula el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que ya prestó declaración voluntaria en tres de las cuatro causas abiertas, mientras se tramitan los respectivos suplicatorios al Parlamento Europeo para proceder a su imputación formal.

En concreto, 'Alvise' se enfrenta a la presunta financiación irregular de su partido SALF; a la presunta difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa, y al presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

A ellos hay que sumar el supuesto acoso y revelación de secretos sobre dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 en la lista de SALF y que se querellaron contra él. El Supremo ha ofrecido a 'Alvise' declarar voluntariamente y ha citado a los dos querellantes para el próximo 19 de enero.

Y tras la condena a dos años de inhabilitación que impuso al ex fiscal general del Estado, el Supremo estará pendiente de si Álvaro García Ortiz decide presentar un incidente de nulidad contra la sentencia y que tendría que resolver el alto tribunal.

Los flecos de la amnistía y el TC caducado

Por su parte, el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver los recursos de algunos condenados por el 'procés' contra la decisión del TS de no amnistiarle la malversación. Entre ellos está el 'expresident' Carles Puigdemont, que pidió a su vez al Constitucional que suspendiera la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra.

Más allá del proceso independentista catalán, el TC tendrá que abordar la renovación de cuatro de sus magistrados: el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y de otros tres miembros --la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez--, cuyos mandatos expiraron el pasado 17 de diciembre.

Una renovación parcial que no se espera pronto debido a la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, para pactar otros cuatro nombres, lo que aboca a un bloqueo casi imposible de sortear.

Así las cosas, desde el TC auguran un retraso que se espaciará en el tiempo y que lastrará el mandato de los nuevos magistrados que finalmente se designen, ya que de los 9 años de mandato que tienen habrá que restar el tiempo que haya transcurrido entre el 17 de diciembre y la fecha en que se materialice la renovación.