El empresario Víctor de Aldama
Tribunales
Aldama reconoce los delitos del 'caso mascarillas' y hunde la defensa de Ábalos y Koldo frente a la Fiscalía
El empresario, considerado principal comisionista de la trama de corrupción que salpica al Gobierno, trata de reducir a la mitad las penas a las que se enfrentará en el juicio que arranca en febrero
«Menuda inventada; la estrategia de defensa de este personaje es la mentira», ironizaba Pedro Sánchez, allá por noviembre de 2024, tras conocerse el contenido de la primera declaración judicial del empresario Víctor de Aldama, principal comisionista de la trama de corrupción que salpica al Gobierno socialista.
Más de un año después, con el juicio de la primera pieza del 'caso PSOE', la causa de las mascarillas, pendiente de celebrarse en las próximas semanas, el empresario se enfrenta a una condena de siete años de prisión -que por su permanente colaboración con la Justicia, podría quedar reducida a tres-, mientras que sobre el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, ex número 3 de Ferraz, pesan nada menos que 24 años de cárcel.
No en vano, a medida que avanza el procedimiento en el Supremo, una vez finalizada la instrucción del magistrado Leopoldo Puente, el presunto conseguidor Víctor de Aldama ha doblado su apuesta inicial, para cooperar en el esclarecimiento de los hechos, y este mismo jueves, en el escrito de defensa provisional registrado por sus abogados, se declaraba culpable de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo continuado y aprovechamiento de información privilegiada, que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción.
Cabe recordar que, hasta la fecha, el departamento del Ministerio Público que lidera Alejandro Luzón ha dado por buenas las «confesiones» de Aldama y, de hecho, fue el informe positivo que emitió la institución el que impulsó la puesta en libertad del conseguidor, posteriormente decretada por el juez de la causa de los hidrocarburos, Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, al comienzo de la investigación.
Más allá de auto inculparse, por primera vez formalmente y por escrito ante el Alto Tribunal, Aldama asumía casi en su totalidad «el relato fáctico» de la Fiscalía, señalando los contratos de material sanitario adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, de la que era administrador único y que se considera el supuesto presunto epicentro de las irregularidades, por varias Administraciones públicas , gracias a la intervención de «Ábalos y Koldo».
Así las cosas, en el documento de 27 páginas en el que pide la atenuación de sus penas, Aldama sostiene que fue gracias a ellos y a su posición de influencia por lo que «facturó globalmente en concepto de comisiones hasta 6.676.046,08 euros» a través de otras empresas. Un sistema que, sigue asegurando, se articuló a través del acuerdo alcanzado a tres, en el que se pactó «abonar comisiones a Ábalos y Koldo» (cuyo nombre en clave, desvelado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil era 'Goblin'). Unas sumas, por este concepto, que fueron solicitadas por ambos «en la cuantía de 2.000.000 y 500.000 euros, respectivamente».
Esto es, de manera aproximada, «el 50% de las comisiones devengadas» a favor del empresario, que se habrían pagado, en dicha proporción al ex ministro de Transportes de Sánchez y a su ex asesor ministerial, según el empresario.
Un escenario en el que de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes, durante la pandemia, se complica la defensa de los otros dos acusados que compartirán asiento en la Sala Segunda de lo Penal del Supremo: Koldo y Ábalos. Este último, además, pendiente de nombrar nuevo abogado tras renunciar los suyos a su representación por «diferencias contractuales». La segunda vez que el ex socialista pasa por este trance, desde que fuera imputado.
Aldama, que fue ninguneado por ambos, desglosaba en su descargo un total de ocho episodios delictivos en los que habrían intervenido tanto Ábalos como Koldo, durante el tiempo en el que estuvieron vigentes las irregularidades; y recordaba a la Justicia que su voluntad permanente de aclarar lo sucedido -y asumir las consecuencias que le correspondan- «se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados».