La jueza de Plus Ultra tiene un informe que señala que el Gobierno la rescató pese a incumplir los requisitos para recibir ayudas

El Gobierno aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra pese a que la compañía incumplía todos los requisitos exigidos para poder acceder a ayudas públicas, según el informe que el sindicato Manos Limpias ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que investiga la operación. El documento, al que ha tenido acceso El Debate, detalla una cadena de irregularidades que afectan al núcleo mismo del rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea por la SEPI y concluye que la operación vulneró tanto la normativa europea como las condiciones fijadas por el propio Ejecutivo para el fondo de solvencia.

El primer elemento clave que invalida el rescate es que Plus Ultra era una empresa en crisis antes de la pandemia, circunstancia que, según la normativa europea, excluye de forma automática el acceso a ayudas públicas de este tipo. El informe recuerda que el Reglamento de la Unión Europea que regula las ayudas de Estado prohíbe expresamente rescatar compañías que ya se encontraban en situación crítica antes del estallido del Covid-19. En el caso de Plus Ultra, la aerolínea acumulaba pérdidas continuadas desde su creación y presentaba un desequilibrio patrimonial sostenido que no guardaba relación con la crisis sanitaria.

Los datos económicos incluidos en el informe reflejan que Plus Ultra cerró todos sus ejercicios con pérdidas y que su situación financiera era deficitaria de forma estructural. Esta realidad, según subraya el documento, impedía legalmente que pudiera ser considerada beneficiaria del fondo de apoyo a la solvencia, diseñado, según el propio Gobierno, para empresas viables afectadas de forma excepcional por la pandemia. El informe incide en que no se trataba de una crisis coyuntural, sino de una debilidad financiera previa y consolidada.

A esta primera irregularidad se suma una segunda de enorme calado: Plus Ultra no tenía la consideración de empresa estratégica. El informe desmonta uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar el rescate y señala que la aerolínea operaba únicamente un reducido número de rutas, todas ellas ya cubiertas por otras compañías con mayor capacidad. No disponía de aviones propios en propiedad ni contaba con una cuota de mercado relevante que permitiera sostener su carácter estratégico para la economía española o para la conectividad aérea del país.

Capital venezolano

El documento también pone el foco en la existencia de un préstamo previo de más de seis millones de euros concedido a Plus Ultra antes del rescate y que la compañía no había devuelto. Esta deuda, contraída con un fondo extranjero desde 2017, situaba a la aerolínea en una posición financiera aún más comprometida. Según el informe, este extremo era conocido y debió haber sido tenido en cuenta a la hora de evaluar la viabilidad de la empresa, ya que evidenciaba su incapacidad para atender compromisos financieros incluso antes de recibir fondos públicos. Otro aspecto relevante es que las entidades financieras rechazaron conceder financiación a Plus Ultra, incluida la banca privada y las líneas avaladas por el ICO, precisamente por su mala situación económica. El informe subraya que, si el mercado financiero consideró que la compañía no era solvente ni viable, resulta incompatible que el Estado decidiera asumir ese riesgo con dinero público saltándose los filtros que sí aplican las entidades privadas.

El informe también cuestiona las condiciones especialmente ventajosas en las que se aprobó el rescate. La operación fue articulada mediante un préstamo participativo y otro ordinario con plazos largos, intereses reducidos y escasas garantías, pese al elevado riesgo que presentaba la aerolínea. Manos Limpias sostiene que estas condiciones no se corresponden con el perfil financiero de la empresa y refuerzan la tesis de que el rescate no respondió a criterios estrictamente técnicos. Además, el documento subraya la estrecha vinculación de Plus Ultra con Venezuela, tanto por el origen de su capital como por el perfil de sus rutas y su estructura societaria. Aunque la sede social estaba en Madrid, el informe destaca que el control efectivo de la compañía y su operativa estaban ligados al país sudamericano, lo que añade un elemento de riesgo adicional que, según la denuncia, no fue valorado adecuadamente por los órganos que aprobaron la ayuda.

En su escrito, Manos Limpias insta a la magistrada instructora, la jueza Esperanza Collazos, a profundizar en estas irregularidades y reprocha que, en fases anteriores, no se actuara con la diligencia exigible ante indicios tan relevantes. El sindicato sostiene que el rescate se concedió al margen de los requisitos legales y solicita que se depuren responsabilidades por una operación que, a su juicio, nunca debió autorizarse.