El Gobierno vuelve a la carga contra los medios críticos y pretende restringirles con el derecho de rectificación

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a la carga contra los medios críticos y pretende restringirles con el derecho de rectificación. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una norma que sustituye a la vigente desde 1984 y que se enmarca dentro del llamado Plan de Acción por la Democracia del Ejecutivo. La nueva normativa afecta a medios, plataformas en línea e incluye por primera vez a los llamados influencers, con el argumento de combatir la desinformación y los bulos.

Según ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el derecho de rectificación se configura «como un instrumento esencial en lo que ha de ser ese derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir una información veraz». En este contexto, Bolaños ha justificado la reforma asegurando que en más de 40 años el ecosistema mediático ha cambiado «sustancialmente» y ha subrayado de que «la frecuencia, también la gravedad, de los bulos y de las mentiras que, en ocasiones, sufrimos es cada vez mayor».

En cuanto a la publicidad de la rectificación, la ley establece que los medios digitales deberán crear un nuevo enlace a la información original con relevancia semejante a aquel con el que se publicó o difundió la información que se rectifica. Bolaños ha defendido la norma señalando que «adaptamos la ley a los nuevos medios de comunicación existentes, hoy», y que se refuerza la efectividad del derecho y se agiliza el procedimiento judicial en caso de conflicto.

Entre las principales novedades, la ley también permitirá a los ciudadanos solicitar la rectificación en redes sociales. En este último caso, la norma se aplicará a los usuarios considerados «de especial relevancia», es decir, quienes cuenten con 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias. Según el ministro, la ley afectará a «desinformadores habituales, personas dedicadas al bulo de manera diaria».

Igualmente, la reforma obliga a medios digitales y influencers a habilitar un mecanismo gratuito, accesible y visible para solicitar rectificaciones y a informar de forma clara de cómo ejercer este derecho. Además, amplía los plazos para pedir la rectificación y elimina la obligación de dirigirse al director del medio.