El Gobierno vuelve a las andadas y da el primer paso para llevar la ley de concordia extremeña de PP y Vox ante el TC

El Gobierno central y la Junta de Extremadura van a iniciar conversaciones para «resolver las discrepancias» sobre determinados artículos de la ley de concordia que aprobaron el PP y Vox el año pasado y por la que se derogó la ley de memoria histórica autonómica. Si no hay acuerdo para esos cambios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará esa norma ante el Tribunal Constitucional, como hizo con la derogación de las leyes de memoria en otras regiones gobernadas por estos partidos.

Este miércoles el BOE y el Diario Oficial de Extremadura publicaron el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma, activado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en relación con la ley de concordia que recoge que se van a iniciar las negociaciones para introducir cambios en ocho artículos.

En concreto son el 1, relativo a las disposiciones generales, el 2, relativo al ámbito de aplicación, el 4 y el 5, que hablan de los derechos de las víctimas y sus familias y de su reconocimiento, el 6, relativo al censo, el 11, que versa sobre aspectos sobre el procedimiento administrativo, el 16, sobre la colaboración con otras administraciones, y el 17, relativo a las entidades vinculadas a la Concordia, así como la disposición transitoria y la derogatoria.

Tras conocer este acuerdo, desde Vox, el diputado por Badajoz, Ignacio Hoces, ha criticado que que «el PSOE cree que solo es constitucional su memoria de partido dictada en el BOE» y que, según denuncia, no aceptan «que la gente sea libre para pensar, sentir, enseñar o tener otra manera de ver la Historia». «Sin libertad de juicio no hay Historia ni política, solo propaganda e ideología», ha escrito en sus redes sociales.

La ley de concordia fue aprobada el pasado octubre, con los votos del PP y de Vox y el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura. Fue presentada de forma conjunta por los populares y los de Abascal, después de que se rechazara meses antes el proyecto que estos últimos habían presentado con ese fin. Se trataba de un punto que figuraba en el acuerdo que ambos partidos suscribieron para investir a María Guardiola presidenta en 2023.

Esta ley, que nace para «acabar con la división y el resentimiento», reconoce a todas las víctimas de la violencia desde 1931 hasta la actualidad. Está fundamentada en los principios de «verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición» y afirma la necesidad de ajustarse al «rigor histórico» y al «criterio científico» sobre esta materia. Reconoce los derechos de las víctimas a «las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas», y la reparación y preservación de su memoria «evitando el enfrentamiento entre españoles».