Bolaños lleva la Justicia al caos con su Ley de Eficiencia: parálisis total, fallos graves y efecto disuasorio en Viogen

Pasados ya unos días desde la implantación definitiva de los Tribunales de Instancia, tras cumplirse el plazo dado para la implantación del nuevo modelo organizativo impuesto en la Ley de Eficiencia, y de la entrada en vigor de la comarcalización que establece la norma, en los juzgados de toda España se ha producido el «caos total», del que alertaron los operadores jurídicos ante la mirada impasible del Ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El día a día ha aflorado problemas muy graves, no sólo derivados de la premura por establecer una organización «radicalmente opuesta» a la que ha operado durante años sino, además, porque la implantación de la misma ha llegado de la mano de una evidente «falta de cálculo» sobre el impacto en el día a día, y la inexistente ampliación de plazas jueces, fiscales y funcionarios públicos «en condiciones que permitieran afrontar con la calidad que merecen los justiciables». Muy al contrario, según ha podido saber El Debate, la implantación de los tribunales de instancia ha servido a Justicia para «prescindir masivamente» de personal interino.

No se han planeado las cargas reales de resolución de causas por juez para decidir en qué casos era necesario crear una plaza adicional, como tampoco se ha pensado en los funcionarios, ni se han tenido en cuenta las peculiaridades de cada jurisdicción. «En cada lugar» se han ido tomando decisiones sobre la marcha, «sin previsiones mínimas», ni un «estudio de impacto» detallado de las necesidades de cada circunscripción.

Los profesionales del sector llevan meses advirtiendo de las graves «deficiencias» de la norma, impuesta sin la más mi mínima previsión o experiencia piloto, en «aspectos competenciales, tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento» y, en consecuencia, ya se están produciendo los primeros conflictos, sin que para ello se haya previsto un modelo de solución homogéneo. Es decir que, a todo lo anterior hay que añadir que, ante un mismo problema de competencia o de gestión procesal en la tramitación de asuntos, la solución podrá ser distinta según la provincia en la que se haya desencadenado.

Un «auténtico despropósito» que no sólo provoca desigualdad entre los ciudadanos, además, ha llevado a los juzgados a situaciones absurdas de reparto, custodia y separación de tareas. Un «laberinto» imposible de cartelería que «no ha llegado», expedientes hacinados en los pasillos, listados telefónicos inexistentes, vistas señaladas para 2029 y la parálisis absoluta en todos los ámbitos: no entran causas nuevas, ni denuncias, ni pleitos,... atascados en un falso espejismo de trámites previos que, lejos de agilizar la Administración de Justicia, la ha dejado al borde del precipicio.

A todo ello, por si fuera poco, hay que añadir problemas concretos como los retrasos en el alta de los operadores jurídicos en el Punto Neutro Judicial (PNJ), que no sólo es el órgano encargado de las averiguaciones (domiciliarias, patrimoniales, etc), también se encarga de enviar y recibir comunicaciones seguras a las que, ahora, «todo el mundo tiene acceso», sin filtros, ni controles de ninguna clase. «Cualquiera puede consultar la mensajería de cualquier jurisdicción, incluso la penal» que, curiosamente, no aplicaba este mecanismo para sus asuntos. «¿Qué seguridad produce saber que cualquiera puede marcar como leído o, incluso, borrado, un exhorto de Cuenca para una ejecución penal?», se pregunta un magistrado.

O cómo las aplicaciones, supuestamente habilitadas para el arranque del nuevo modelo organizativo, no permiten a los jueces dar de alta a sus funcionarios o identificar cuáles de ellos, a partir de la implantación normativa, son los responsables de enviar los informes de seguimiento.

La reforma se ha hecho a brocha gorda y, con ella, la Justicia ha dejado de ser igualitaria

«El Ministerio ha puesto la primera piedra sin un plano comprensible del edificio de la Justicia a través de la creación de los Tribunales de Instancia. Todo sin la dotación de medios materiales necesarios, sin la previsión sobre su funcionamiento en el medio plazo y con defectos en la articulación de la competencia objetiva y la comarcalización. En su momento advertimos de los perjuicios no solo de los profesionales, sino también en la ciudadanía», lamentan los expertos y profesionales en activo.

Efecto disuasorio en Violencia de Género

Así las cosas, la creación de Tribunales comarcales de instancia en materia de Violencia de Género ha provocado un «efecto disuasorio» inmediato en las víctimas que, como denunciaba esta misma semana la Asociación de Fiscales (AF), ha obligado a algunas de ellas «a desplazamientos por distancias superiores a 80 kilómetros en algunos casos, o su comparecencia telemática en otros, en perjuicio de la atención personal que exige la función protectora de fiscales y jueces, provocando una revictimización más que evidente» e incrementando, artificialmente, las barreras naturales existentes para estas mujeres, a la hora de interponer denuncia.

El sistema de «especialización» judicial impuesto por el Gobierno es uno de los mayores ejemplos de ineficacia de la Administración

Por ejemplo, «la eventual presentación de atestado o denuncias» fuera de las horas de apertura judiciales «determinará que la resolución que acuerde la protección requerida se traslade a los partidos judiciales donde se hayan producido los hechos» que, en algunos casos, se traduce en «recorridos superiores a una hora» de trayecto, advertían los fiscales en su comunicado.