La UCO investiga el contrato de Adif a una cantera sin certificación, que empleó a la mujer de Koldo, como proveedora de material en el tramo de Adamuz

El fatídico accidente del pasado domingo, tras el choque entre dos trenes a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, ha puesto en cuestión la gestión de los contratos relacionados con las obras de mejora y adecuación de la infraestructura que fueron adjudicadas, en 2020, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por varias sociedades, entre las cual figura Azvi, la mercantil investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, algún tiempo más tarde, contrató a Koldo García Izaguirre como asesor para Latinoamérica. Una empresa que, además, como ha revelado El Debate, era accionista de Redalsa, de la que a su vez era presidente Adolfo Ochoa de Olza Galé, técnico asignado a la licitación técnica, pese al posible conflicto ético que se desprende de dicha confluencia.

Sin embargo, ésta no fue la única ocasión en la que una empresa próxima a la trama PSOE se benefició, presuntamente, de acceder como proveedor en el proyecto de mejora de la línea de Alta Velocidad (AVE) Sevilla-Madrid. El contrato del suministro de 275.000 toneladas de balasto (esto es la grava que se utiliza para estabilizar los raíles y las traviesas atornilladas a los mismos), en dicho trazado, se otorgó, en noviembre de 2022, por un importe de 5.264.498 euros a una UTE conformada por Áridos Técnicos, Aritec Almonacid y Áridos Anfersa, por un criterio, exclusivamente ligado al precio, en el que la oferta ganadora presentó una baja superior al 11% sobre el precio base de partida, recogido en la convocatoria pública.

Se da la causalidad de que una de las empresas integrantes del grupo -Áridos Anfersa- era propietaria de la cantera El Parroso (Sevilla) que no contaba con certificación para proporcionar balasto de alta velocidad; que recibió el primer contrato pese a que la UTE no estaba, aún, legalmente constituida; y, que, tras resultar seleccionada, contrató a la entonces pareja de Koldo García Izaguirre, imputado en la organización criminal presuntamente vinculada a la concesión de obra pública a cambio de 'mordidas'.

Según confirmó la propia Adif, en un informe técnico, uno de los expedientes abiertos para la selección de las empresas suministradoras del balasto en el tramo Guadalmez-Córdoba, que incluye Adamuz, tuvo que ser resuelto anticipadamente porque el material aportado no era apto y la adjudicataria perdió, entonces, la garantía.

En el mismo sentido, en marzo de 2025, Adif aprobó una modificación del contrato de las obras de mejora, relativa al tramo C del trazado, en el que se ha producido la tragedia del pasado día 18, para la reutilización del balasto ya existente, «por problemas detectados para garantizar el suministro». Un escenario en el que, presuntamente, se aprobó la reutilización de materiales, lo que pudo afectar a la seguridad y a la estabilidad de la vía en cuestión.