El juez de En Marea que quiere presidir la Sala 3ª del TSJ en Galicia se enfrenta a una falta disciplinaria grave

Como muchos adelantaron tras el cierre de su etapa política como candidato de En Marea a presidir la Xunta de Galicia, el magistrado Luis Villares se enfrenta a una posible falta grave en el ejercicio de sus funciones, tras su reincorporación a la Carrera judicial. Villares, que ahora aspira a situarse al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) pudo haber incurrido en una causa de sanción disciplinaria al no abstenerse en, al menos, un asunto de los más polémicos en los que ha intervenido, y cuya sentencia fue revocada el pasado 10 de enero en casación, por el Supremo, que reprochó al ex político su falta de imparcialidad debida.

Detrás de la resolución del Alto Tribunal, en el pleito mantenido entre la empresa concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y el Servicio Gallego de Salud (Sergas) –que obligó a anular el fallo de Villares y retroceder el procedimiento para ser conocido por un nuevo tribunal, en el que no esté el magistrado– no sólo hay una crítica a su presencia anterior, sino un reconocimiento claro a que no debió haber intervenido, en ningún caso, dando así la razón a quienes pidieron apartarle, desde un primer momento.

Pese a que las recusaciones iniciales presentadas contra Villares, no prosperaron, más tarde sí fueron admitidas. Un hecho objetivo que, de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) podría ser motivo de apertura de expediente disciplinario y de sanción por falta grave, según lo recogido en el artículo 418 de la norma.

De acuerdo a nuestro ordenamiento, el incumplimiento del deber de abstención, necesario para garantizar la ausencia de parcialidad en los jueces, es una de los presupuestos previstos de los que derivan responsabilidades. No en vano, la abstención es un deber legal para apartarse del conocimiento de un asunto cuando existen dudas sobre la imparcialidad (art. 222 LOPJ).

Y, uno de los motivos tasados en el artículo 219 de la Ley del Poder Judicial por los que un juez o un magistrado debe tomar la decisión de no intervenir en un asunto –al verse comprometidas su falta de objetividad, neutralidad y ecuanimidad– es «haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».

Cabe recordar, llegados a este punto, que durante su etapa como político en activo, Villares exigió a la empresa concesionaria de la edificación (y la prestación de los servicios no sanitarios) que pagase el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) del centro sanitario, sin exenciones, además de promover iniciativas contra el modelo de explotación público-privado del Cunqueiro.

Por ello, su presencia en el análisis del fondo de la cuestión, en el que la sociedad consideraba que era el Sergas quien debía asumir el más de 1 millón de euros reclamado por el Ayuntamiento vigués, según el fallo del Alto Tribunal, no garantizó la imparcialidad requerida. Lo que, ahora, puede traducirse en una inspección interna a su actuación, a cargo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, este miércoles, debe decidir entre Villares y la magistrada María Dolores Rivera para cubrir la vacante en la Presidencia de la Sala de lo Contencioso del TSJG.

Ésta no ha sido la única ocasión en la que una de las partes personas en un procedimiento, cuestionaba la compatibilidad de su presencia, debido al sesgo ideológico que el magistrado había manifestado en la materia de la que era objeto el fondo del pleito, durante su etapa en primer línea de la actividad política. De hecho, la eléctrica Greenalia ya solicitó que lo apartasen de una controversia con la Administración regional, sobre un parque eólico, conocedora de la animadversión de Villares, que en aquel momento sí dio un paso a un lado, contra la industria del viento en Galicia.