Un magistrado de En Marea al que el Supremo reprochó no ser imparcial, aspira a presidir la Sala 3ª del TSJ de Galicia

El magistrado Luis Villares Naveira decidió colgar la toga, en 2016, para encabezar En Marea en Galicia, partido en el que, como portavoz, se opuso de manera frontal, e institucional, a la industria eólica. Tres años más tarde, en 2019, se reincorporaba a su plaza como juez y participaba, sin solución de continuidad, en varios procesos judiciales planteados por diferentes asociaciones del sector del viento que pleiteaban contra la instalación de molinos en la región. Su participación en dichos asuntos, suscitó fuertes críticas entre sus compañeros quienes ya, por aquel entonces, afearon su activismo político en varias de las decisiones que adoptó, entre otras cosas, para suspender cautelarmente los permisos expedidos por la Administración autonómica.

Hace unos días, el pasado 10 de enero, era el Supremo el que anulaba una sentencia dictada por el polémico juez, al determinar que no debió haber intervenido en un procedimiento que enfrentaba al Servicio Gallego de Salud (Sergas) y a la empresa concesionaria de la construcción y la gestión de los servicios no sanitarios del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. No en vano, durante su etapa como político en activo, Villares exigió a dicha empresa que pagase el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) del centro sanitario, sin exenciones, además de promover iniciativas contra el modelo de explotación público-privado del Cunqueiro. Por ello, su presencia en el análisis del fondo de la cuestión, según el fallo del Alto Tribunal, no garantizó la imparcialidad requerida.

Con estos mimbres, ahora, el juez gallego aspira a presidir la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), oficialmente vacante desde el pasado mes de septiembre, tras el ascenso de su anterior titular, la magistrada María Dolores Rivera, como miembro de la Sala Tercera del TS.

Una candidatura que ha provocado un amplio malestar en el ámbito de la Magistratura —por su marcado sesgo ideológico y aparente falta de neutralidad— a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tome una decisión, el próximo miércoles. De hecho, el Pleno del máximo órgano de representación de los jueces en nuestro país ya debatió, en un primer intento, sobre los dos perfiles que compiten por hacerse con la plaza: el del propio Villares y el de la magistrada María Azucena Recio.

Si bien ambos defendieron sus ejes programáticos para la máxima Sala de lo Contencioso-Administrativo de Galicia, el pasado 4 de diciembre, ante la Comisión de Calificación del Consejo, la falta del consenso necesario obligó a retirar la designación del orden del día, ante las reticencias sobre los condicionantes políticos del primero.

«Riesgo objetivo» de parcialidad

Y es que, cabe recordar que el Supremo rectificaba una de las últimas y más controvertida decisiones judiciales emitidas por el juez gallego, anulando dicha resolución de 17 de diciembre de 2025, de la que fue ponente, en contra de la entidad privada del Cunqueiro y ordenando retrotraer el proceso y formar una nueva sala en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG).

El litigio entre ambas partes, la concesionaria del hospital vigués y la Xunta de Galicia, surgió por el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2019, un monto que ascendía a un millón de euros y que el Concello de Vigo reclamaba. La concesionaria argumentaba que el Sergas debía asumir este coste, amparándose en las cláusulas del contrato, mientras que la Xunta defendía lo contrario.

Un juzgado de primera instancia de Santiago de Compostela dio la razón a la empresa privada, pero el TSJG, en una sentencia dictada el 20 de mayo de 2022, redactada por el juez Villares, anuló esa resolución inicial y falló, en contrario, a favor de la Xunta. Una posición que, sin ser ponente, Villares replicó en otra resolución del 27 de mayo, y que también fue muy cuestionada. La concesionaria calificó ambas como «absolutamente inusuales en su sentido y forma» y denunciando cómo, tras la reincorporación de Villares a la Sala Tercera del TSJG, se había gestado un cambio en la línea jurisprudencial fijada para este tipo de asuntos.

Es decir, la clave de la corrección al primer fallo se basó en la trayectoria y sensibilidad política de Luís Villares cuyo pasado como líder de En Marea, generó dudas en el Supremo sobre su neutralidad al juzgar determinados asuntos a los que se enfrentó durante los años de excedencia.

De hecho, tal y como argumentó la concesionaria del Cunqueiro en su recusación contra Villares, el activismo político previo del magistrado violaba su derecho constitucional a un juez imparcial. Aunque, de entrada, las pretensión fue rechazada, en el recurso de casación, el TS dio la razón a la empresa, destacando que las manifestaciones políticas pasadas del magistrado creaban un «riesgo objetivo» de parcialidad. Como consecuencia, el Alto Tribunal ha ordenado rehacer el proceso desde el momento previo a la votación en el TSJG, excluyendo a Villares y constituyendo un nuevo cónclave que será el encargado de emitir una sentencia definitiva.