(Foto de ARCHIVO) Varios servicios de emergencia atienden a inmigrantes recién rescatados de un cayuc
Una medida sin precedentes
Los efectos legales del 'decretazo' con el que el Gobierno regularizará a medio millón de inmigrantes
El pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos no se somete a control parlamentario y supondrá acceso directo de los beneficiarios a reagrupación familiar y la imposibilidad de ser expulsados, incluso, aunque cometan delitos graves
En plena crisis política del Gobierno por la gestión del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se producía a última hora del pasado domingo 18 de enero, dejando 46 fallecidos y decenas de heridos, el PSOE anunciaba, como una medida estrella, el pacto alcanzado con Podemos para regularizar la situación de medio millón de inmigrantes ilegales en nuestro país. Y lo hacía, además, esquivando el control parlamentario de la propuesta que, sin pasar por Congreso y Senado, entrará en vigor con el respaldo único del Consejo de Ministros, vía 'decretazo'.
Más allá de las críticas de los expertos a la herramienta que, el Ejecutivo ha utilizado, una vez más, para sacar adelante la norma, pese a que no concurren motivos de extraordinaria y urgente necesidad, han trascendido las perversas consecuencias legales que tendrá la entrada en vigor del texto, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El polémico Real Decreto será de aplicación a todos los inmigrantes que, estando en situación ilegal en nuestro país, acrediten como único requisito para ser incluidos en el paquete de 'papeles para todos', acreditar una permanencia superior a 5 meses. A partir de entonces tendrán, en primer lugar, acceso al sistema administrativo español completo. Esto es: empadronamiento estable, del que se extraen los censos para las convocatorias electorales (si bien, hasta la adquisición de la plena nacionalidad, salvo quienes previamente fueran ciudadanos europeos); sanidad completa; escolarización, ...
En segundo término, a partir de dicho momento, no podrán ser expulsados, de acuerdo con la normativa aplicable a los nacionales de terceros países que delincan en suelo español, incluso aunque se trate de conductas tipificadas como graves o muy graves.
Además, se habilita el acceso, para todos ellos, de reclamar la reagrupación familiar: lo que les permite traer consigo a España a sus hijos u otros familiares que dependan de ellos. Por lo que la cifra final de llegados a nuestro país, será muy superior a los 500.000 iniciales.