El Supremo cede la instrucción del caso PSOE a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos como diputado

El magistrado Leopoldo Puente ha declarado este lunes, en un auto al que ha tenido acceso El Debate, la pérdida de la competencia del Supremo para continuar con la instrucción de la pieza separada en la que se investiga al exministro José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Víctor de Aldama y otras ocho personas más –como presuntos miembros de una trama orquestada para el amaño de obras públicas, a cambio de 'mordidas'–tras la renuncia del primero a su acta como diputado del Congreso. Una decisión con la que perdía la condición de aforado y, en consecuencia, el estatus jurídico administrativo que le permitía ser enjuiciado por el más Alto Tribunal

En su resolución, el juez instructor ha acordado, por lo tanto, remitir esta causa, a los efectos de que se prosiga con la tramitación del procedimiento, al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, órgano del que procede y en el que, hasta la fecha, se han seguido idénticas actuaciones, por los presuntos hechos irregulares que también son objeto de esta pieza separada especial, con relación a otros investigados, no aforados.

Además, Puente ha puesto en conocimiento de la AN que el plazo de instrucción se encuentra prorrogado hasta el próximo día 8 de marzo, tras decretar la continuidad de las pesquisas durante un plazo adicional de seis meses, antes de final de año.

No en vano, cabe recordar que la pieza separada, que ahora se remite al Juzgado Central de Instrucción número 2, fue abierta el pasado mes de septiembre para indagar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas, a cambio del pago anticipado de ciertas cantidades. Una derivada del 'caso PSOE' que salpica al Gobierno de corrupción pero que estaba en fase incipiente en relación a la instrucción relativa a los contratos de mascarillas y material sanitario, adquirido en pandemia a través del Ministerio de Transportes, que ya ha concluido y sobre el que se dictó auto de apertura de juicio oral el pasado mes de diciembre.

El auto del instructor explica que el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, de 2 de diciembre de 2014, establece que en las causas contra aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado.

Lo que determina también, en sentido inverso, que hasta tanto no hubiera sido dictada dicha resolución, esto es, el auto de apertura de juicio oral, la pérdida de la condición de Diputado o Senador por el investigado comportará la sobrevenida incompetencia para la instrucción y enjuiciamiento de la causa por el Supremo. Y ello es lo que sucede con la pieza separada abierta en septiembre para investigar las adjudicaciones de obra pública.

En la causa remitida ahora a la Audiencia Nacional ostentan la condición de investigados el ex ministro y ex secretario de Organización de Ferraz José Luis Ábalos Meco, su ex asesor Koldo García Izaguirre, el principal comisionista de la trama Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, el ex número tres de Sánchez Santos Cerdán León, así como los empresario José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, Joseba Antxon Alonso Egurrola (socio de Cerdán, al 55% en Servinabar), Justo Vicente Pelegrini, Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte Sanz.