(Foto de ARCHIVO) La consejera de Inclusión Social en rueda de prensa.
El Gobierno de Cantabria celebra la continuidad del centro de menores que el PSOE de Cartes quería cerrar
Los populares han aplaudido la decisión del juez de suspender cautelarmente la orden de la alcaldesa socialista, Lorena Cueto, que paralizaba inmediatamente el funcionamiento del centro de menores inmigrantes, afirmando que «podría haber causado un perjuicio irreparable»
El Gobierno de Cantabria en un comunicado ha celebrado la resolución de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander de estimar su petición para suspender cautelarmente la decisión de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que ordenaba la paralización inmediata del centro de acogida para menores inmigrantes habilitado en el municipio. Desde el Ejecutivo regional han subrayado que la medida de la primera edil socialista «podría haber causado un perjuicio irreparable».
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha destacado que esta resolución judicial «pone en el centro el interés superior del menor, que debe prevalecer siempre sobre cualquier otra consideración urbanística». A su vez, ha recordado que el Gobierno de Cantabria actuó desde el primer momento «con responsabilidad institucional, rigor jurídico y sentido de urgencia para cumplir con la ley».
En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo cántabro acudió a la Justicia dado que «la orden de paralización municipal no se ha retirado y podía generar un daño inmediato e irreversible para la protección de los menores». Según ha advertido, el hecho de que el Ayuntamiento ordenara la paralización inmediata de la vivienda de acogida «tiene efectos inmediatos que podían afectar gravemente a los menores y generar indefensión».
Por ello, ha argumentado que el Gobierno regional «acudió directamente» a la vía judicial para garantizar la continuidad del servicio. Así, el Juzgado ha considerado que existían «circunstancias de especial urgencia» y suspende temporalmente la orden de paralización, por lo que «la vivienda puede seguir funcionando».
El Consistorio dispone de tres días para presentar alegaciones. Transcurrido ese plazo, el juez dictará un segundo auto que decidirá si la medida se mantiene, se modifica o se levanta hasta dictar sentencia. El Ejecutivo autonómico ha subrayado que la adopción de estas medidas cautelarísimas responde a «un criterio excepcional, reservado a situaciones de urgencia extraordinaria», y tiene como finalidad «preservar derechos fundamentales y evitar daños irreparables», en este caso los de menores de edad bajo tutela pública.