Koldo propone al Supremo someterse a la «prueba del polígrafo» y un careo con Aldama

La expectación inicial por la presencia, por primera vez, del ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre, en el banquillo del Supremo se ha transformado en la estupefacción provocada por la abogada del segundo, Leticia de la Hoz, quien ha solicitado este jueves a los magistrados del Alto Tribunal encargados de juzgarles, que sometan al su cliente a la prueba del polígrafo para «ayudar al tribunal a determinar la veracidad» de sus afirmaciones.

Y, ello, pese a que este tipo de elemento de prueba tan 'exótico' no cuenta con tradición alguna en nuestro ordenamiento. Es más, se trata de un mecanismo que no está previsto entre los elementos de valoración de la prueba que utilizan los jueces y magistrados españoles que, en general, exigen la inmediación de los testimonios, la no concurrencia de contradicciones o la continuidad y sostenibilidad de la versión prestada, por primera vez, en el tiempo.

Además, la representante jurídica del que fuera asesor de Ábalos también ha pedido a la Sala que acuerde un careo entre Koldo y el tercer procesado del caso, el empresario Víctor de Aldama, considerado el principal comisionista de la trama de compraventa irregular de material sanitario por el Gobierno, en pandemia.

Sobre éste, que a diferencia de sus compañeros de andanzas, se ha mostrado tranquilo, confiado e incorporado en su asiento, de la Hoz ha instado un informe de averiguación patrimonial. Una solicitud a la que se ha opuesto, frontalmente José Antonio Choclán, letrado de Aldama.

Cabe recordar que esta audiencia preliminar es una vista que viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuyo artículo 785 establece que se «requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor».

Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, salían esta misma mañana del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), tras fracasar en su intento por evitar su imagen en la Sala del Supremo, como acusados. Ni las quejas por la «dureza» de los traslados penitenciarios en furgón policial, ni el historial médico de Ábalos han conseguido evitar que, tanto él como su ex colaborador directo, estén siguiendo la misma de forma presencial. Si bien, en esta ocasión solo intervendrán sus abogados, que vienen defendiendo su inocencia, pelean por su puesta en libertad y cuestionan la validez de algunas de las actuaciones.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, que es una petición inferior por haber reconocido los delitos de los que se le acusa.