Concentración en protesta por la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno central
Detienen a cuatro argelinos con antecedentes tras presentar documentos falsos para acogerse a la regularización del Gobierno
Los hechos se produjeron apenas unas horas después del anuncio del Ejecutivo
El plan del Gobierno para regularizar a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular aún no ha entrado en vigor y ya ha dejado su primer episodio crítico. Según ha informado El Mundo, cuatro ciudadanos argelinos han sido detenidos en Alicante después de intentar acogerse al proceso presentando certificados de antecedentes penales falsificados que ocultaban delitos cometidos en su país de origen.
Los hechos se produjeron apenas unas horas después del anuncio del Ejecutivo, cuando los cuatro hombres acudieron a dependencias policiales para informarse sobre los requisitos de la regularización y entregar parte de la documentación exigida. Entre ella figuraba el certificado de antecedentes penales emitido por Argelia, un documento clave para poder obtener la autorización de residencia.
Los agentes especializados detectaron irregularidades en los certificados y activaron los protocolos de verificación internacional. Tras remitir la documentación a Argelia a través de Interpol, las autoridades confirmaron que los solicitantes sí contaban con antecedentes penales, lo que derivó en su detención por un presunto delito de falsedad documental. Un juzgado de Alicante ya ha abierto diligencias.
El caso ha encendido las alarmas dentro de la Policía Nacional, que advierte de que este tipo de comprobaciones requieren tiempo, personal y recursos técnicos que difícilmente podrán multiplicarse cuando el proceso se abra de forma generalizada. Las previsiones internas apuntan a que el grueso de solicitudes llegará a partir de abril, cuando se publique el real decreto que regulará la medida en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, prevé que el plazo para presentar solicitudes se extienda hasta finales de junio y que la Administración disponga de hasta tres meses para resolverlas. Sin embargo, desde los sindicatos policiales y las unidades de Extranjería se insiste en que esos plazos son «irrealizables» sin un refuerzo inmediato de plantillas.
Desde el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, no se han detallado aún medidas concretas para absorber la carga de trabajo, mientras que organizaciones policiales como Jupol advierten de que la regularización puede convertirse en un incentivo para las redes de inmigración ilegal.
