El Gobierno afirma que el CES respalda la regularización de inmigrantes pero no dictaminará el decreto

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado desde Pamplona que el Gobierno ultima el plan operativo de la regulación extraordinaria de los inmigrantes que residen en España, una medida respaldada por un informe presentado este viernes en Navarra por el Consejo Económico y Social (CES), que «sitúa la regularidad administrativa como clave imprescindible para garantizar la integración social y laboral», según informa el ministerio.

Saiz ha clausurado en Pamplona el acto de presentación del Informe 'Realidad Migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas', acompañada por la presidenta de Navarra, María Chivite; el presidente del CES, Antón Costas y el presidente del CES de Navarra y consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, así como otras personalidades.

En cualquier caso, se trata de un informe previo al anuncio del Gobierno de llevar a cabo una regularización extraordinaria de inmigrantes vía Real Decreto que el CES no dictaminará directamente el texto, según fuentes de Europa Press.

Sin embargo, han señalado que el organismo ya hacía una mención en positivo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar a cabo una regularización extraordinaria que se encuentra varada en el Congreso por no contar con los apoyos necesarios. El Real Decreto del Gobierno recogerá la voluntad de esta norma sin necesidad de trámite parlamentario.

Precisamente, Costas apoyó que la ILP de regularización saliese adelante en la Cámara Baja en la presentación el año pasado en la sede del ministerio de este mismo informe encargado por el Gobierno en 2025. El estudio analiza el papel estructural de la inmigración en el desarrollo demográfico, económico y social del país y, según Inclusión, servirá de referencia para «reforzar una política migratoria integral, ordenada, humanitaria y con perspectiva de género».

La ministra ha señalado este viernes que el Ejecutivo está culminando los trabajos técnicos y el plan operativo para que el proceso de regularización sea un éxito, con el objetivo de garantizar un procedimiento «claro, ágil y con todas las garantías jurídicas», en coherencia con una de las conclusiones que citaba el CES en su estudio en la que identifica la regularidad administrativa como elemento imprescindible para la integración que evita una vulnerabilidad laboral extrema.

A juicio de Saiz, este informe ofrece un diagnóstico basado en evidencia y análisis sobre la transformación estructural de la sociedad española. «La migración es una realidad estructural que define el presente y el futuro de España. Y, bien gestionada, es una enorme oportunidad», ha señalado.

Igualmente, ha apelado a la responsabilidad colectiva para situar el debate migratorio «en el terreno de los datos y la evidencia, frente a los bulos y la desinformación». «Frente a la desinformación y los discursos de odio, respondamos con datos, con políticas públicas eficaces y con responsabilidad», ha afirmado.

En cuanto al impacto económico y laboral de las migraciones, Costas ha dicho este viernes que la inmigración, «bien gestionada», es una «bendición del cielo» para la economía española, el mercado laboral, las empresas y la demografía del país.

Requisitos para los inmigrantes

Según ha anunciado el Ejecutivo, el proceso estará dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España en el momento de presentar la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.

Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema.

El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Por otro lado, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de cinco años.