Las grietas en el relato de Marlaska cuando asegura que «no sabía nada» del caso que ha provocado la dimisión del DAO

Cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, que en su departamento desconocían por completo los «graves» hechos denunciados contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, quiso cerrar el debate con una frase tajante: «De haber tenido el mínimo conocimiento, le habría pedido la renuncia». Sin embargo, la cronología que dibuja la querella judicial y las decisiones adoptadas dentro del propio Ministerio abren fisuras en esa versión.

La dimisión de José Ángel González Jiménez, número dos de la Policía Nacional hasta hace apenas unas horas, no llega solo tras la admisión a trámite de una querella por agresión sexual, sino que llega después de meses de contactos, presiones internas, bajas médicas, llamadas desde teléfonos oficiales y la implicación de mandos policiales que formaban parte directa de su entorno de confianza. Todo ello, según la querella, a la que ha tenido acceso El Debate, ocurrió dentro de la propia estructura del Ministerio del Interior.

Según la querella, los hechos centrales se produjeron el 23 de abril de 2025, cuando una agente destinada en la comisaría de Coslada recibió insistentes llamadas del DAO mientras se encontraba de servicio. Siempre según el relato judicial, González habría utilizado su autoridad jerárquica para ordenar que abandonara su puesto y se desplazara en un vehículo policial camuflado hasta un restaurante y, posteriormente, hasta una vivienda oficial adscrita a su cargo. Es en ese domicilio –propiedad del Ministerio del Interior– donde la agente sitúa la agresión sexual, subrayando sus negativas «claras, rotundas y persistentes» y denunciando violencia física e intimidación ambiental, agravadas por la posición de poder del máximo mando operativo de la Policía.

Pese a los graves hechos, la querella no se detiene en ese día, sino que después se sucedieron decenas de llamadas y mensajes de carácter intimidatorio, intentos de contacto desde teléfonos oficiales del despacho del DAO y una presión constante para evitar que la víctima denunciara los hechos. Todo ello, según el escrito, con el objetivo claro de mantener el control y comprar el silencio.

En ese contexto aparece un nombre clave: Óscar San Juan González, comisario y asesor directo de González, a quien la denunciante sostiene que fue él quien, meses después, contactó con ella para ofrecerle elegir destino o puesto de trabajo, una propuesta que la querella interpreta como una coacción encubierta. Este miércoles, Marlaska ha anunciado su suspensión.

Tres meses después de la presunta agresión, en julio de 2025, la agente comunicó su situación en el seno de la Dirección General de la Policía, tras lo que intervino la Subdirección de Recursos Humanos, se activó el equipo de apoyo psicosocial y se acordó su baja médica, con retirada del arma reglamentaria. Todo esto son decisiones administrativas de alto impacto que, por su propia naturaleza, difícilmente pasan desapercibidas dentro de la cadena de mando del Ministerio del Interior. Al menos una parte de la estructura conocía que existía una situación grave entre el DAO y una subordinada, aunque Marlaska sostiene que no se conocía el contenido concreto de los hechos denunciados.

Es por eso por lo que, pese a que no hay por el momento pruebas públicas de que Marlaska conociera la agresión sexual antes de la querella, la sucesión de actuaciones internas –uso de recursos oficiales, intervención de Recursos Humanos, baja médica, presiones a través de un asesor y decisiones disciplinarias inmediatas– dibuja un escenario que dificulta sostener que el Ministerio fuera completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo en su cúpula policial.