Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso
González Amador denuncia la vulneración de sus derechos y niega cualquier fraude fiscal ante el Juzgado
La defensa sostiene que no existe deuda tributaria en 2020 y 2021, niega la falsedad de las facturas y denuncia que el procedimiento estuvo viciado desde su origen por la actuación del entonces fiscal general del Estado
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid un escrito de defensa en el que rechaza haber cometido delito alguno contra la Hacienda Pública y denuncia una grave vulneración de sus derechos fundamentales durante la tramitación de la causa.
González Amador, para quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de prisión y una multa de 448.927 euros por presuntos delitos de fraude fiscal en los ejercicios 2020 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal, sostiene que no existe deuda tributaria alguna correspondiente a esos ejercicios y que las facturas aportadas son reales.
En su escrito, la defensa afirma con rotundidad que «los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno», ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni de delito contable, ni de pertenencia a grupo criminal, este último en relación con la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid.
Denuncia de vulneración de derechos fundamentales
El núcleo de la defensa se centra en la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia. Los abogados de González Amador sostienen que el procedimiento ha estado marcado, desde antes incluso de su incoación formal, por actuaciones que consideran contrarias a un proceso penal justo.
En este sentido, recuerdan la condena impuesta por el Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados en relación con este asunto. A juicio de la defensa, esa actuación constituye la prueba de que «el máximo defensor y garante» de la legalidad se transformó en «la atalaya desde la que lesionar, con una intensidad delincuencial, los derechos fundamentales» del empresario.
«El procedimiento que nos ocupa constituye, desde antes de existir y durante todo su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo», afirma el escrito, que denuncia «la perversión de cuantos mecanismos garantes de la legalidad existen, hasta ser sustituidos por el delito».
Asimismo, la defensa sostiene que los derechos de su representado han sido lesionados «por todos los miembros y autoridades del Poder Ejecutivo de forma continuada», y cita expresamente declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó públicamente que la presidenta madrileña «es pareja de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda» y «que ha cometido un delito fiscal».
Procesamiento avalado por la Audiencia Provincial
La causa fue impulsada tras considerar la Fiscalía que González Amador y otros cuatro empresarios habrían defraudado presuntamente 350.951 euros entre 2020 y 2021 mediante un supuesto entramado de facturas falsas.
El pasado mes de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid avaló el procesamiento del empresario en esta causa. No obstante, su defensa insiste ahora ante el juzgado instructor en que no existe fraude alguno, que no concurre deuda tributaria y que las facturas cuestionadas responden a operaciones reales.
A la espera de la celebración del juicio, la estrategia procesal de González Amador pivota sobre la inexistencia de ilícito penal y la denuncia de una instrucción que, a su juicio, habría vulnerado los principios más elementales de un Estado de Derecho.