La jefa de Asuntos Internos que no abrió diligencias por la agresión sexual es la mujer de un comisario ascendido por el ex-DAO

La dimisión de José Ángel González como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional tras la querella por agresión sexual presentada por una subordinada no cierra la crisis interna que sacude a la cúpula del cuerpo. A medida que aflora la cronología del caso, el foco comienza a desplazarse hacia los engranajes internos que no se activaron cuando la denuncia ya circulaba por los despachos. En el centro de ese silencio aparece ahora Gema Sanz, la actual jefa de la Unidad de Asuntos Internos.

La unidad que dirige tiene la misión de investigar los delitos presuntamente cometidos por policías, incluidos los altos mandos. Es el órgano llamado a actuar cuando existen indicios de conductas graves dentro del propio cuerpo. Sin embargo, en el caso del ya ex-DAO, Asuntos Internos no abrió diligencias pese a que la presunta víctima trasladó los hechos por los cauces internos y pese a que la gravedad de lo relatado no admitía ambigüedades.

La querella atribuye a José Ángel González delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. El relato sitúa los hechos principales en abril de 2025, en la vivienda oficial adscrita al cargo que ocupaba el entonces número dos de la Policía, en el Paseo de la Castellana. Según el escrito, la denunciante fue trasladada en un vehículo oficial hasta el domicilio institucional. Allí, siempre según su versión, se produjo la agresión. La querella describe un episodio de penetración sin consentimiento y detalla posteriormente una campaña de presión psicológica, con llamadas, mensajes y ofrecimientos de destinos profesionales como precio a su silencio.

A pesar de la contundencia del relato, la intervención interna no se produjo en ese momento. La presunta víctima puso los hechos en conocimiento de la Subdirección General de Recursos Humanos, que le concedió la baja médica tras evaluar su estado. Es decir, la estructura administrativa del cuerpo tuvo conocimiento de la situación. Pero la unidad encargada de investigar a los mandos policiales no abrió diligencias de oficio. Y aquí emerge un elemento que ha generado inquietud en determinados sectores policiales. La actual jefa de Asuntos Internos es la esposa del comisario Javier Galván, ascendido por el propio José Ángel González y considerado uno de los hombres de su máxima confianza. Galván estuvo al frente de Asuntos Internos antes de ser nombrado jefe superior de Policía de Madrid y su promoción se produjo bajo el paraguas del ex-DAO. Tras su salida, la jefatura de la unidad recayó en su mujer.

El aviso de hace siete meses

La concatenación de cargos y relaciones personales no es un detalle menor. Galván ha defendido públicamente la prioridad de la lucha contra la violencia de género y ha situado esa materia como eje estratégico de su mandato en Madrid. Sin embargo, mientras ese discurso se pronunciaba en actos oficiales, una denuncia por agresión sexual contra el máximo mando operativo del cuerpo no generó la apertura inmediata de diligencias internas.

El contexto se agrava al enlazarlo con la publicación de El Debate de este jueves. El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, fue informado hace siete meses de la existencia de la denuncia. El aviso se produjo el 11 de julio del pasado año, en Vigo, al término de un acto institucional. Un inspector jefe le trasladó la gravedad de los hechos y el impacto que podría tener su difusión. A su regreso a Madrid, según el testimonio de un miembro de su entorno, el director verbalizó su deseo de que el asunto no estallara en pleno verano.

Ahora, con la querella ya en marcha y el ex-DAO fuera del cargo, la investigación judicial previsiblemente obligará a declarar a un número elevado de policías. No solo para esclarecer lo sucedido en el domicilio oficial, sino para determinar qué mandos tuvieron conocimiento previo de la denuncia y qué decisiones adoptaron o dejaron de adoptar en ese intervalo. La instrucción deberá aclarar si existió una cadena de inacción administrativa o si, en el peor de los escenarios, hubo cargos que contribuyeron a encubrir el asunto, retrasando la activación de los mecanismos internos.