El Gobierno se quita la careta de la transparencia y revela por qué desclasifica los documentos del 23-F

Mucho invocar la transparencia para que, al final, la portavoz del Gobierno revelara este martes en la Moncloa el auténtico motivo por el que el Ejecutivo desclasificará este martes en torno a 153 cajas de documentos secretos del 23-F, que a esta hora están escudriñando y digitalizando funcionarios de tres ministerios: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Hay informes, transcripciones de conversaciones y seguramente algunas imágenes, pero no grabaciones.

«El algoritmo tiene una fuerza extraordinaria para difundir bulos y desinformación, y en lo que se refiere a este importante pasaje de nuestra historia lo que hace el Gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia. Y, también, para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el Cara al sol por nuestras calles», explicó Elma Saiz. Más adelante añadió: «España estaba viviendo una anomalía democrática».

Los miles de documentos se colgarán este miércoles, en torno al mediodía, en la página web de la Moncloa. Según fuentes gubernamentales, el presidente y su equipo van a ciegas, porque no los han leído ni lo harán hasta que mañana sean públicos. «No sabemos qué va a salir mañana», según su versión.

La portavoz evitó responder, hasta en tres ocasiones, si el Ejecutivo tiene constancia o sospecha al menos que hay información nueva relativa al papel del Rey Juan Carlos y se limitó a pedir «paciencia» hasta este miércoles. La Moncloa avisó a la Casa Real de que este lunes Pedro Sánchez iba a hacer el anuncio de la desclasificación, aunque con poco margen, reconocen las mismas fuentes.

Como contó El Debate, la desclasificación de los documentos del golpe de Estado vía Consejo de Ministros es la constatación del fracaso del proyecto de ley de Información Clasificada que el Gobierno envió al Congreso en julio -tres años después del primer anteproyecto- y que está empantanado. Saiz vino a decir que no habrá más desclasificaciones y emplazó a los grupos parlamentarios a que desbloqueen las negociaciones en torno a esa norma para que el Estado haga públicos más documentos de forma automática, al cumplirse el plazo estipulado en el proyecto de ley (45 años en el caso de los documentos considerados de alto secreto, prorrogables a otros 15 en caso de motivación).

El lunes, tras conocerse la noticia, el PNV, ERC, Junts y Bildu pidieron más. El líder de este último, Arnaldo Otegi, se frotó las manos en X: «Cuantas más desclasificaciones haya, antes quedará acreditada la naturaleza tanto de la Transición como del Régimen del 78», escribió.