Llegada del cayuco al puerto de La Restinga (El Hierro)
La Fiscalía pide siete años para un senegalés y un gambiano que fletaron cuatro pateras donde murieron 96 personas
Ambos procesados pertenecen a una red de traficantes de personas con sede en Marruecos
La Fiscalía de Canarias solicitará la semana próxima siete años de cárcel para un ciudadano de Senegal y otro de Gambia a los que acusa de formar parte de un grupo de traficantes de personas radicado en Marruecos que fletó en 2022 y 2023 cuatro pateras en las que murieron 96 inmigrantes. El caso se juzgará el 5 de marzo en la sección primera de la Audiencia de Las Palmas.
En su escrito de cargos, el Ministerio Público asegura que el primero de los acusados se dedicaba a captar inmigrantes para las pateras que organizaba el grupo, mientras que el segundo coordinaba uno de los escondites donde se ocultaban antes de embarcar.
La Fiscalía detalla que ambos hacían esas funciones para una organización radicada en las costas del sur de Marruecos dedicada a introducir en Canarias inmigrantes, generalmente subsaharianos, a sabiendas de que incumplían claramente las leyes de Extranjería y de que ponían en riesgo la vida de las personas que transportaban.
Al frente del grupo estaba un individuo llamado K.D., conocido como 'Pa Gambia' o 'Le Vieux' (El Viejo) , natural de Senegal, con los contactos necesarios en Marruecos para poder sacar las pateras sin ser interceptadas por la Policía o la Marina del país, señala el fiscal.
Fruto de investigaciones de las fuerzas de seguridad españolas, añade, «se ha podido identificar que esta organización ha sido la encargada de organizar, entre otras, la salida de embarcaciones con un total de 96 fallecidos».
Esa suma incluye a las víctimas de una embarcación neumática salida desde Tan Tan que naufragó el día 10 de agosto de 2022 con 61 personas a bordo, sin que hubiera ningún superviviente.
También las de otra detectada el 1 de octubre de 2022 por el buque Bulk Japan, que habría zarpado con 34 personas a bordo y de las que solo sobrevivió una. La Fiscalía sostiene que las actividades de los dos procesados, en prisión desde el 5 de abril y el 12 de agosto de 2024, son constitutivas de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.