El Gobierno incluye una trampa en su decreto antidesahucios para blindar a los okupas pese al pacto con el PNV

Los nacionalistas vascos exigían que la norma liberase a los propietarios particulares de una o dos viviendas. Sin embargo, la Disposición Transitoria del texto que hoy se vota en el Congreso no aplica la excepción para los afectados por la ocupación con anterioridad al 27 de enero de 2026

E l Gobierno socialista aprobó, en 2020, coincidiendo con la parálisis de la pandemia, un Real Decreto por el que, una vez acreditada la situación de vulnerabilidad de un inquilino se permitía suspender, bien de forma indefinida, bien permanente, los procedimientos de desahucio de viviendas por impago a sus propietarios. Se trataba de una norma excepcional, dada su naturaleza restrictiva del derecho de propiedad y de sus efectos desproporcionados que impedían al propietario recuperar la posesión de su vivienda, por ejemplo, una vez finalizado el contrato de arrendamiento por impago.

Sin embargo, en el ejercicio excesivo de su potestad legislativa limitada, el Ejecutivo ha seguido prorrogando la medida, bajo la excusa del «escudo social», hasta el pasado 27 de enero, fecha en la que fracasó en su intento por aprobar, de nuevo, el mismo mecanismo que le ha permitido dar una solución habitacional a un grupo importante de la población, desatendiendo su obligación de actuar, en el ámbito administrativo, para resolver un problema cuya solución, en la práctica, ha trasladado a los pequeños propietarios.

Ahora, y tras el último fracaso por seguir alargando esta situación en el tiempo, con el rechazo parlamentario al decreto omnibus que incorporaba este asunto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará hoy de nuevo al Congreso, y esta vez en solitario, el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, con el que aspira a perpetuar el despropósito hasta el 31 de diciembre de 2026.

La propuesta no saldrá adelante porque tanto el Partido Popular, como Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han manifestado que votarán en contra. Un escenario al que volverá a sumarse Junts y que, en esta ocasión, además, podría contar con la negativa del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que condicionó su apoyo a la exclusión de la norma a todos los propietarios y arrendadores que lo fuesen solo de 1 ó 2 viviendas.

Una línea roja que sobrepasa la Disposición Transitoria Única del texto gubernamental «en el que se prevé la continuación de la suspensión únicamente para aquellos procedimientos que ya estuvieran suspendidos a la fecha de entrada en vigor de la nueva norma, sin necesidad de nueva solicitud». O, lo que es lo mismo, que sólo se beneficiarían de la distinción aquellos arrendadores que iniciasen su andadura a finales del mes de enero. Para todos los anteriores, con independencia de su número de propiedades, todo seguiría igual. Una trampa con la que el Gobierno aspiraba a cumplir, a medias, su pacto con los nacionalista vascos.