La Mesa del Congreso ignoró al PP al avisar que la norma que prohíbe protestas frente a abortorios es ilegal

este mes de febrero el Grupo Parlamentario de Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso que tiene como objetivo modificar el artículo 172 del Código Penal para asimilar el delito de acoso a las vigilias o concentraciones pacíficas a menos de 200 metros de clínicas abortivas. Así, pretende castigar estas manifestaciones con penas de cárcel.

El texto legislativo de la coalición fundada por Yolanda Díaz señala que «el derecho a abortar, en cuanto manifestación del derecho a la vida y a la integridad en sentido constitucional, exige por tanto una protección penal suficiente frente a conductas que, aun presentadas formalmente como 'pacíficas', generan un entorno objetivamente disuasorio, culpabilizador o intimidatorio».

De esta forma, la proposición de ley pide que el Código Penal recoja que «quien, de forma individual o colectiva, para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a la persona que ejerza o pretenda ejercer dicho derecho, o generare un entorno intimidatorio, hostil o coactivo, mediante actos molestos u ofensivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días».

«Queda prohibida la realización de concentraciones, manifestaciones, actos de presencia organizada o espontáneas, vigilias, expresiones colectivas o individuales, o cualquier otra conducta de análoga naturaleza, con independencia de su carácter pacífico o de su motivación ideológica, religiosa o moral, dentro de un perímetro de seguridad de doscientos metros alrededor de los accesos a centros sanitarios habilitados para la interrupción voluntaria del embarazo».

En este contexto, fuentes parlamentarias han relatado a El Debate que en la reunión de la Mesa del Congreso celebrada el pasado 17 de febrero la mayoría progubernamental del órgano que encabeza Francina Armengol admitió a trámite la normativa a pesar de que el PP advirtió su ilegalidad por ser contraria a la Constitución.

Según las mismas fuentes, el vicepresidente segundo de la Cámara Baja, el 'popular' José Antonio Bermúdez de Castro, destacó que la norma de Sumar plantea serias dudas de constitucionalidad al convertir un derecho constitucional, como es el derecho fundamental de manifestación pacífica, en un delito castigado con penas de prisión. «No se puede convertir un derecho constitucional en un delito, porque es además algo absolutamente contradictorio», resaltó.

La postura de Sumar

La proposición de ley relata que «la experiencia práctica demuestra que la protección efectiva del derecho a abortar exige no solo la sanción de conductas individuales de acoso, sino también la garantía de un espacio físico libre de presiones en el entorno inmediato de los centros sanitarios».

«La delimitación de un perímetro de seguridad no supone una negación del derecho a la libertad de expresión ni del derecho de reunión, sino una modulación legítima de su ejercido en atención a la concurrencia de otros derechos fundamentales de igual o superior rango (...) De igual modo, la creación de zonas de acceso protegido en torno a clínicas de interrupción voluntaria del embarazo responde a una finalidad constitucionalmente legítima: salvaguardar la libertad, la intimidad y la dignidad de las mujeres frente a injerencias que, aunque formalmente expresivas, resultan materialmente coactivas», se añade.