Varios inmigrantes ilegales magrebíes, a bordo de una patrullera de la Guardia Civil
Por qué la regularización de inmigrantes y las leyes de Sánchez podrían aumentar el censo en millones de personas
En los próximos años el censo electoral podría incrementarse en tres millones de personas como consecuencia de la legislación impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez
El Gobierno asegura que su Reglamento de regularización masiva de inmigrantes beneficiará a unas 500.000 personas. No obstante, la fundación FUNCAS ha estimado que el número de ilegales en España en 2025 era de 840.000, mientras que un reciente informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional afirma que podría favorecer a «aproximadamente 1.250.000 de ciudadanos extranjeros», cantidad que «se traduce en un 250 % de la estimación que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estimado y plasmado en documentos oficiales publicados en su página web».
«El anuncio de la inminente regularización, y las facilidades para ello ya está teniendo una fuerte repercusión en terceros países, donde se está viendo como una oportunidad para obtener una autorización de residencia en España mediante la presentación de documentos fraudulentos facilitados a través mafias y mercados negros (...) Además de poder favorecer la posible entrada en el país y consiguiente regularización de elementos potencialmente terroristas y otros vinculados al crimen organizado, a lo que hay sumar la actividad de las redes criminales de inmigración ilegal que van a intentar sacar provecho de este proyecto», añade el dosier de la Policía.
En este contexto, cabe destacar que FUNCAS ha manifestado que «el 91 %» de los inmigrantes ilegales que hay en España «son de nacionalidad americana: destacan la colombiana, con cerca de 290.000, la peruana (casi 110.000) y la hondureña (unos 90.000)». El doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil en el CEU Juan Luis Jarillo ha explicado a El Debate que «en España, el acceso a la nacionalidad depende principalmente del tiempo de residencia legal y continuada, y esta es clave, ya que según el origen de los inmigrantes el tiempo va a variar».
De esta forma, el Código Civil exige para obtener la nacionalidad española por residencia legal que esta dure «dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes».
«Si hemos señalado que el 90 % pertenece a países iberoamericanos, la mayoría podría solicitar la nacionalidad tras 2 años de residencia legal, siempre que cumplan los demás requisitos (buena conducta cívica, integración, exámenes, etc.). El plazo empieza a contar desde que obtienen residencia legal, no desde su llegada irregular. Además, la tramitación de la nacionalidad puede tardar entre 1 y 3 años adicionales en resolverse. Si hoy se regularizara su situación, muchos podrían estar en condiciones de solicitar la nacionalidad en 2 años, pero convertirse efectivamente en españoles podría tardar 3-5 años en total», ha indicado Jarillo.
Teniendo en cuenta la cifra estimada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía –y que el 91 % de los beneficiados son hispanoamericanos– en un lustro más de un millón de inmigrantes regularizados podrán obtener la nacionalidad española, y –consecuentemente– estar en el censo electoral y participar en las elecciones que se celebren en España.
Manifestantes durante la marcha mundial en apoyo a Venezuela, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid
La ley de Memoria Histórica
El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, señaló el pasado mes de noviembre que la conocida como Ley de nietos –integrada en la Ley de Memoria Democrática y que facilita el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de exiliados españoles– ha registrado 2,3 millones de peticiones, de las que unas 500.000 ya han obtenido el reconocimiento del derecho.
El diario El País publicó en diciembre que, de acuerdo con cifras del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior – organismo dependiente del Ministerio de Inclusión y Migraciones– las solicitudes de nacionalización rechazadas al amparo de la Ley de Memoria de momento no alcanzan el 2 % del total.
Por tanto, si el número de rechazos se mantiene en niveles similares a los de las primeras 500.000 solicitudes, o no aumenta de forma significativa, más de dos millones de personas podrían participar en las elecciones generales en España. Estos nuevos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria votarían dentro del sufragio desde el extranjero, conocido como CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes). Si a ellos se añade el millón de posibles nacionalizados por la regularización masiva, en los próximos años el censo electoral podría incrementarse en tres millones de personas como consecuencia de la legislación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
