Hemiciclo del Senado
La Ley de Junts contra la multirreincidencia llega al Senado, donde el PP y Vox buscan endurecerla
El pasado 12 de febrero, el pleno del Congreso dio luz verde a la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, el rechazo de Podemos, Sumar y Bildu y la abstención de ERC
La ley de Junts para combatir la multirreincidencia aterriza en el Senado, donde varios grupos –entre ellos el PP, con mayoría en la Cámara–han presentado enmiendas que buscan endurecer una norma cuya tramitación ha enfrentado al PSOE con sus socios de gobierno.
El pasado 12 de febrero, el pleno del Congreso dio luz verde a la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, el rechazo de Podemos, Sumar y Bildu y la abstención de ERC.
La norma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. Además, propone tipificar como delito el 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.
El texto llega ahora al Senado, donde distintos grupos han presentado enmiendas, y este martes se reunirá la Comisión de Justicia para emitir su dictamen.
Las enmiendas del PP
El PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta, con lo que podría sacar adelante sus propuestas de modificación, ha presentado 5 enmiendas que van encaminadas a reforzar los controles de antecedentes de los inmigrantes que soliciten la regularización.
En concreto, pide modificar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (la ley de extranjería) con un nuevo artículo sobre «garantías frente a la impunidad y de refuerzo de la seguridad en España» que establece que todas las autorizaciones de residencia precisarán que el solicitante carezca de antecedentes penales.
Argumenta el PP que la multirreincidencia «no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo».
El PP cita también la existencia de procedimientos penales de investigación en curso, así como la solicitud de adopción de cautelas judiciales o la eventual huida o fuga de la justicia y alude al engaño o falsedad sobre datos como la edad, el sexo o la nacionalidad en los procedimientos de autorización de residencia.
Este partido exige además un informe policial completo para la tramitación de autorizaciones de estancia y residencia, con el fin de «garantizar una valoración integral del riesgo para el orden público, la seguridad y la salud pública».
Entre las enmiendas del PP se incluye otra que obliga, en el plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada cien mil habitantes las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma.
La postura de Vox
Por su parte, Vox ha registrado cuatro enmiendas que proponen, entre otras cosas, la modificación del régimen de sustitución de penas por la expulsión aplicable a los ciudadanos extranjeros. De esta manera, cuando un ciudadano extranjero haya sido previamente condenado por sentencia firme por cualquier delito y vuelva delinquir, la pena correspondiente será la expulsión del territorio nacional.
Las propuestas de Vox, además, suprimen la posibilidad de invocar el arraigo como causa impeditiva de la expulsión. En cuanto al PSOE, incluye un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para exigir un mayor reproche penal (con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete fraude de suministro eléctrico.
