Policías y juristas, en pie de guerra contra Interior por la escolta policial a Sarah Santaolalla: «Es denunciable»

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, sale de una polémica para caer directamente en otra. Tras un mes muy movido con el escándalo del ex-DAO de la Policía Nacional, ahora el motivo de la polémica ha sido la decisión de asignar protección policial a la analista y comunicadora Sarah Santaolalla.

Ante esto, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha denunciado el uso de efectivos para una escolta que considera «injustificada». Por otro lado, varias voces del ámbito jurídico también cuestionan los criterios que deberían sustentar una medida de este tipo y advierten de que, si no existe una justificación técnica clara, podría tratarse de una decisión denunciable.

La polémica se produce después del altercado ocurrido a las puertas del Senado entre Santaolalla y el activista Vito Quiles. Tras ese episodio, la comunicadora acudió a un centro hospitalario para obtener un parte de lesiones que posteriormente incorporó a una denuncia policial contra Quiles, en la que solicitaba además una orden de alejamiento.

Sin embargo, el juzgado número 23 de Madrid rechazó esa petición. En su resolución, la magistrada consideró que, a partir de los vídeos aportados, no podía determinarse con claridad que se hubiera producido una agresión ni que existiera un riesgo para la integridad de la denunciante que justificara la adopción de medidas cautelares.

Pese a ello, Santaolalla salió posteriormente de la sede judicial acompañada por agentes de policía de paisano, que habrían sido asignados para su protección personal. Según diversas informaciones, el dispositivo habría sido concretado en una reunión con responsables policiales tras la denuncia presentada por la comunicadora.

Críticas desde la Policía

La decisión ha sido duramente criticada por el sindicato Jupoñ, que ha denunciado públicamente lo que considera un uso inadecuado de los recursos policiales. En un comunicado difundido este miércoles, la organización califica la medida de «absoluto escándalo» y sostiene que los agentes deberían destinarse prioritariamente a tareas de seguridad ciudadana.

«Los policías nacionales deben estar donde realmente se les necesita: en la calle, garantizando la seguridad de los ciudadanos y protegiendo a los contribuyentes que sostienen con sus impuestos los servicios públicos», señala el sindicato.

Desde la organización recuerdan además que llevan años denunciando lo que consideran un exceso de escoltas policiales asignados a perfiles políticos o mediáticos en España en comparación con otros países europeos. Según su argumento, cada agente destinado a este tipo de dispositivos supone un efectivo menos disponible para labores de vigilancia, prevención del delito o atención a víctimas.

Jupol vincula también esta cuestión con la carga de trabajo que soportan los policías encargados del seguimiento de víctimas de violencia de género. El sindicato afirma que en algunos casos un solo agente debe realizar el seguimiento de decenas de mujeres con medidas de protección activas, una situación que, a su juicio, evidencia la falta de recursos disponibles.

Dudas desde el ámbito jurídico

Pese a todo, las críticas no proceden únicamente del ámbito policial, sino que desde el terreno jurídico también se cuestionan los criterios. La doctora en Derecho Elena Ramallo, a su vez ex portavoz del Consejo Nacional de Víctimas de Violencia de Género, considera que la asignación de escoltas policiales requiere necesariamente una evaluación previa del riesgo. «Para asignar una escolta policial son necesarios una serie de requisitos concretos. Tiene que haber informes de seguridad o informes judiciales que acrediten un riesgo real para la persona», explica

Según Ramallo, la concesión de este tipo de protección implica el uso de recursos públicos especializados, por lo que debe estar sustentada en criterios objetivos y en una valoración técnica. «No se puede asignar policías porque sí a cualquier ciudadano. Tiene que existir una justificación basada en criterios de seguridad», señala.

En ese contexto, la jurista advierte de que, si una decisión de este tipo no estuviera respaldada por los informes preceptivos, podrían surgir dudas desde el punto de vista legal. «Cuando una decisión así no está basada en informes de seguridad o judiciales, estamos ante una decisión que implica gasto público y podría existir una situación de irregularidad», afirma. A su juicio, en determinadas circunstancias esa situación podría tener consecuencias jurídicas. «Podría incluso derivar en figuras como malversación o prevaricación», añade, antes de señalar que, en ese caso, el asunto podría ser objeto de acciones legales. «Esto podría ser denunciable ante un tribunal», sostiene.

En la misma línea se pronuncian otras fuentes jurídicas consultadas por este periódico, que coinciden en que la asignación de protección policial a particulares debe apoyarse en evaluaciones técnicas previas. Según explican, este tipo de dispositivos se activan normalmente tras informes elaborados por unidades especializadas que valoran factores como el nivel de amenaza, la exposición pública de la persona afectada o la existencia de antecedentes de agresiones o intimidaciones.

Estas fuentes subrayan que, en términos generales, las decisiones relacionadas con la protección personal deben estar motivadas y documentadas. «La protección policial es un recurso excepcional que requiere una justificación clara, precisamente porque implica destinar agentes que podrían estar realizando otras funciones», concluyen.