La jueza apunta a Costas por la tragedia de Santander y ve «indicios de negligencia» en la pasarela mortal

La investigación judicial sobre la tragedia de la pasarela de El Bocal en Santander, que le costó la vida a seis jóvenes, empieza a estrechar el foco. La jueza instructora, Rosa Martínez, ha decidido dirigir acción penal contra dos responsables de la Demarcación de Costas en Cantabria al apreciar «serios indicios de negligencia» en el mantenimiento de la estructura que colapsó el pasado 3 de marzo.

De esta manera, el auto sitúa el peso de la responsabilidad en la Administración General del Estado. En concreto, la magistrada considera que la Demarcación de Costas –dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico– era «la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» de la pasarela, integrada en un proyecto de senda costera cuya ejecución, según concluye la instructora, nunca llegó a finalizarse formalmente.

La acción penal se dirige contra el jefe de la Demarcación en Cantabria, José Antonio Osorio, en su condición de director de obra del proyecto original, y contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras. Ambos quedan señalados por su posible responsabilidad directa en el estado de una infraestructura que, pese a no estar finalizada ni recepcionada, permaneció abierta al público durante años sin restricciones.

Uno de los elementos clave del auto es la valoración de las tareas de mantenimiento realizadas. La jueza pone el acento en una intervención llevada a cabo en el verano de 2024 que se limitó a la estructura de madera, pese a que informes técnicos advertían de un deterioro mucho más profundo. Según el acta de inspección de la Policía Científica, todos los elementos metálicos de la pasarela presentaban un estado de oxidación generalizado, lo que lleva a la magistrada a considerar que la reparación «ha podido resultar insuficiente».

Esa conclusión se refuerza con un informe interno de mayo de 2024, en el que un vigilante de Costas ya alertaba del mal estado de parte de la infraestructura. A pesar de ese aviso, la actuación posterior no abordó el conjunto de los problemas estructurales, un punto que ahora se sitúa en el centro de la investigación.

El origen administrativo del proyecto también resulta determinante. Las obras, iniciadas en 2012, se paralizaron tras la resolución del contrato con la empresa adjudicataria, mientras que un segundo proyecto de finalización, fechado en 2016, ni siquiera llegó a aprobarse. Esa situación dejó la infraestructura en un limbo jurídico, abierta al público, pero sin haber sido oficialmente finalizada ni asumida por el Ayuntamiento de Santander.

Precisamente, el auto también introduce el papel del consistorio, aunque de forma secundaria. La magistrada recuerda que, aun no siendo responsable del mantenimiento, el Ayuntamiento sí tiene competencias en materia de seguridad en espacios públicos. Por ello, plantea la necesidad de determinar si el deterioro de la pasarela era visible antes del derrumbe y si, en ese caso, se adoptaron medidas como el vallado, la señalización o el precinto de la zona.

Para aclarar este punto, la jueza ha ordenado recabar pruebas gráficas y testimonios que permitan reconstruir el estado de la estructura en los días y semanas previos al accidente. Entre las diligencias previstas figura también la declaración de varios testigos, incluidos vecinos que habían advertido previamente de posibles riesgos.