La Fiscalía renuncia a recurrir la semilibertad de la que ya disfruta la terrorista Anboto

María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, jefa militar de ETA más de una década, durante la que se le imputan más de una docena de asesinatos que llevaban asociados más de 600 años de cárcel, ha podido salir de prisión, este lunes, para disfrutar de un régimen de semilibertad, duramente criticado por amplios sectores de la judicatura española. La maniobra –que no es la primera vez que se produce en el caso de un preso terrorista y le permite abandonar la cárcel de lunes a viernes, con regreso únicamente para dormir– podría no ser recurrida por la Fiscalía que es, en este tipo de casos, junto con la propia beneficiada, la única que puede cuestionar la medida de excarcelación parcial anticipada, en el momento procesal correspondiente.

Y es que si bien desde el Gobierno central han insistido en que no se trata de una libertad total, ni un tercer grado formal, sino de una posibilidad prevista en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, son muchos los jueces y fiscales que afean la interpretación «forzada» de la norma que ha hecho el Ejecutivo vasco del PNV (en su potestad transferida de gestionar las prisiones) para permitirlo. Siendo, además, que la actual consejera de Justicia y Derechos Humanos es la socialista María Jesús San José quien, desde su llegada al cargo, en 2024, ha concedido un total de 34 terceros grados y 13 regímenes como el de Anboto, a otros presos etarras.

Una dinámica que incomoda en el sector jurídico ya que la referida norma es una figura de carácter excepcional, que permite a reclusos en segundo grado (el más habitual en condenas largas) salir durante el día para realizar actividades laborales, formativas o de voluntariado. Eso sí, siempre que desde la Junta de tratamiento penitenciario se presente un plan individualizado para cada caso y que, sin matices, el preso regrese a dormir a prisión durante todo el tiempo en el que debería seguir cumpliendo la condena impuesta en sentencia firme.

La fórmula, que sus defensores consideran un paso intermedio hacia la reinserción, cuando el cumplimiento de la condena está muy avanzado, no resulta nada ortodoxa para los supuestos de etarras condenados. Una decisión que se enmarca en una tendencia creciente en los últimos meses que se otorgaba, hace unas semanas, a Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki.

En el caso de Anboto, el Ejecutivo vasco defiende que se trata de una aplicación puramente técnica y legal de la normativa penitenciaria vigente, orientada a la resocialización, pese al informe no vinculante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (que en dicha ocasión avaló la medida) a cambio de que éste pidiese perdón a las víctimas. No obstante, la última palabra recae, en última instancia, en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Así las cosas, no sólo la noticia ha desatado una indignación generalizada entre las víctimas y sus asociaciones sino, también, la dejación de la Fiscalía que, hasta la fecha, está «blanqueando las concesiones del Gobierno de Sánchez a sus socios de EH Bildu», afean varias fuentes consultadas por El Debate.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), presidido por Consuelo Ordóñez (hermana del asesinado Gregorio Ordóñez), calificó la medida de «escandalosa, inaceptable e injustificable», destacando la gravedad del historial de Anboto y su rol como una de las dirigentes más sanguinarias.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) la describió como un mazazo y un «tercer grado encubierto», ya que evade controles más estrictos. Mientras que, en último término, Dignidad y Justicia, a través de Daniel Portero, hijo del asesinado fiscal Portero, habló «asco» y denunció que la administración penitenciaria vasca decide sin depender directamente de jueces o fiscales.

Lo cierto es que la Administración Penitenciaria tiene la potestad de asumir una serie de resoluciones que solo pueden ser fiscalizadas por el juez de vigilancia penitenciaria, en virtud de un informe preceptivo, aunque no vinculante, instado por la Fiscalía o por el propio afectado. Lo que, a efectos prácticos garantiza el blindaje de las posiciones más favorables al Ejecutivo, políticamente hablando.

No en vano, en el actual contexto político, el Gobierno Vasco (PNV-PSE) ha iniciado una flexibilización sistemática del cumplimiento de las penas por los etarras, facilitada en virtud de los acuerdos suscritos para la presente legislatura. Y, si bien, no se trata de una excarcelación total (Anboto sigue condenada y debe volver a prisión por las noches y fines de semana), para muchas víctimas representa una humillación y una falta de justicia reparadora, en especial, porque no existe prueba pública del arrepentimiento explícito de los terroristas, ni pago efectivo de responsabilidades civiles, en la práctica.

El escándalo de Anboto ilustra la tensión persistente en España entre la reinserción penitenciaria, la legalidad vigente y el dolor de las víctimas del terrorismo que, difícilmente, pueden ser conciliados cuando se «estiran las costuras del ordenamiento» para favorecer a los condenados por su ideología. Mientras el sistema penitenciario avanza en su aplicación progresiva, las asociaciones exigen un mayor rigor en la aplicación de la ley y la memoria colectiva hacia quienes sufrieron los atentados de ETA.