La juez toma declaración a la agente investigada por el derrumbamiento mortal de Santander y a los testigos

La jueza que instruye la causa por el suceso en una pasarela de El Bocal en Santander, en el que el pasado 3 de marzo murieron seis jóvenes y resultó herida una séptima chica, recabará este viernes los primeros testimonios en relación a las diligencias abiertas por el siniestro.

Las declaraciones ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que comenzarán a las 9:30 horas, se desarrollarán a puerta cerrada en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, situado en la capital cántabra.

Testificarán, en primer lugar, los dos ciclistas que encontraron la pasarela rota y vieron a las víctimas, a las 9:30 y a las 10:00 horas.

A las 10:30 horas será el turno el vecino que llamó un día antes al servicio de emergencias 112 denunciando el estado de ese paso, media hora después le tocará a la operadora que cogió esa llamada y, a las 11:30, los agentes de la Policía Científica que realizaron la inspección ocular tras el siniestro.

La agente de la Policía Local a la que remitió el aviso el 112, la única que ha sido llamada a declarar como investigada, testificará a las 12:00 horas.

Por último, la instructora escuchará a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte que fue identificada después de que la magistrada pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre la pasarela.

Acción penal contra dos funcionarios

En el auto dictado el pasado martes, 24 de marzo, la instructora consideró que es la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, «la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» de la pasarela que se rompió.

Por ello, acordó dirigir acción penal contra dos funcionarios de ese organismo: el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación, y el director de Obras del proyecto de la senda costera en 2012, que es el jefe de ese departamento.

En el auto, contra el que cabe recurso de reforma, la magistrada declaró a Costas posible responsable civil del suceso y señala que al tratarse de obras «no finalizadas», existen «serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela».

Y añadió que Costas «es muy consciente» del deber que tenía de conservar y mantener la pasarela que se hundió el 3 de marzo, porque llevó a cabo unas obras de reparación en 2024 después de que el jefe del Servicio de Obras de la Demarcación recibiera un informe del «mal estado de ciertas maderas».

En relación al Ayuntamiento de Santander, la jueza indicó que «ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público» y «detectado un riesgo, debe proceder a acotar, señalizar o precintar», indica.

La rotura de la pasarela provocó la muerte de seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, tres del País Vasco, una cántabra, una de la Guadalajara y una de Almería, y fue ingresada en el hospital otra chica de Álava, todos ellos compañeros de estudios.