El calvario judicial del sanchismo: una decena de causas de corrupción desde el 'caso PSOE' y la 'caja B' al rescate de Plus Ultra

Ni casos aislados, ni «bulos», ni «campañas de fango», como en un principio vendió el actual Gobierno socialista sobre las diferentes causas de corrupción que salpican al núcleo duro -tanto familiar como político- del presidente Pedro Sánchez. La trama de procedimientos judiciales que afronta el 'sanchismo', desde su círculo más íntimo —su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, el músico David Azagra—; hasta los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán; pasando por varios rescates dudosos, adjudicaciones sospechosas de obra pública y condenas firmes como al del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, mina la credibilidad de unas instituciones colonizadas por los afines del Ejecutivo.

La mujer del presidente, Begoña Gómez

El caso más emblemático, sin duda, por las connotaciones directas que conlleva, es el que afecta a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, a la que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta una investigación por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales. Como mínimo, durante todo lo que resta de este mes de abril, debido a la última prórroga acordada por el magistrado para completar las numerosas «diligencias pendientes». Algunas de las cuales se han incrementado por parte de las defensas y de las acusaciones durante la última vista fijada, el pasado miércoles Santo, como paso previo a la constitución del tribunal del jurado.

Gómez está imputada por su dudosa participación en una cátedra universitaria sin la titulación mínima necesaria, aparentemente; por sus cartas de recomendación a favor de las empresas de su gurú Juan Carlos Barrabés que, tras la presunta mediación de Gómez incrementó en un 400 % las adjudicaciones públicas recibidas; y, por los supuestos favores prestados por su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para cuestiones profesionales ajenas a la agenda oficial de la mujer de un presidente.

La causa, que generó en su arranque una crisis política sin precedentes, hasta el punto de que el líder del PSOE se tomó cinco días de reflexión sobre la posibilidad de dimitir, sigue expandiéndose. No sólo porque el instructor Peinado avanza en la transformación de los indicios en una fase oral, ante el tribunal del jurado, sino porque, además, la Fiscalía Europea -que también indaga posibles irregularidades- ya ha citado a declarar como testigo a Gómez.

El hermano pequeño, David Sánchez

No menos grave es la situación del hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón para quien la Audiencia Provincial de Badajoz confirmó el procesamiento decretado por la jueza de instancia —junto a otras diez personas, entre ellas el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo— por dos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El 'hermanísimo', como lo han bautizado en los mentideros judiciales, ocupó un puesto creado supuestamente a su medida en la Diputación de Badajoz ,en 2017 como coordinador de conservatorios de música que luego mutó en jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que. hasta la fecha, haya podido acreditarse su cualificación para el mismo, que estuviese mejor preparado que otros aspirantes para ocuparlo o, bien, que supiese explicar el lugar donde prestaba los servicios profesionales y en qué consistían sus principales funciones.

La jueza Beatriz Biedma vio indicios claros de que, en los trámites de adjudicación del cargo, se saltaron los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y, así las cosas, el juicio está previsto para el próximo mes de mayo. Un horizonte penal en el que las acusaciones populares piden hasta tres años de cárcel e inhabilitación para el pequeño de los Sánchez que, precisamente por su posición, según la instructora, tuvo «capacidad para influir» en los responsables del Partido Socialista que facilitaron su enchufe.

El 'caso PSOE' y sus derivadas

Sin embargo, hasta la fecha, la trama que más ha erosionado la segunda legislatura del Gobierno es el caso Koldo, también conocido como 'caso PSOE'. Lo que empezó como una investigación más sobre presuntas irregularidades relativas a la compraventa de mascarillas -y material sanitario, durante la pandemia. ha terminado por convertirse en una macro causa, con múltiples derivadas, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor Koldo García Izaguirre, están en el centro de la ecuación. Hasta tal punto que, el próximo martes, día 7 de abril, se sentarán de nuevo en el banquillo de los acusados, en el Tribunal Supremo, para enfrentarse a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción que solicita para ellos, nada menos, que 24 y 19 años de prisión, respectivamente. Lo harán junto al tercer procesado, el empresario Víctor de Aldama, quien está colaborando con la Justicia, desde el primer momento, tras ser detenido por una de las variantes de la trama -la causa de hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional- y que, desde entonces, ha aportado numerosos documentos y testimonios que han servido para ir ampliando el catálogo de supuestos delitos y el radio de acción sobre los responsables políticos implicados en los mismos.

De hecho, gracias a su cooperación e indicaciones, el proceso inicial ampliaba, también, a Santos Cerdán, sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización de Ferraz, hasta su dimisión. Y que, como ahora el ex socialista, permaneció un total de 6 meses en prisión provisional, con el objetivo de evitar que destruyese pruebas relevantes para la instrucción judicial.

La trama navarra de Santos Cerdán

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fueron demoledores con Cerdán: el ex número dos del PSOE y uno de los cuatro del Peugeot, junto con Ábalos, Koldo y el propio Sánchez, habría coordinado durante años el cobro de comisiones -del «2 %»- a cambio de adjudicaciones amañadas de obra pública, tanto en en carreteras como en ferrocarriles.

Empresas como Acciona, una de las principales beneficiadas, especialmente en País Vasco y Navarra -donde concurría a buena parte de las licitaciones públicas de la mano de una empresa local de la que junto con el vasco Antxón Alonso Cerdán era propietario al 45%, sin declarar, Servinabar- habrían pagado mordidas gestionadas por Cerdán, cuyos importes luego se repartían entre Ábalos, Koldo y él mismo.

No en vano, hay grabaciones, mensajes y testimonios del empresario Víctor de Aldama que sitúan a Cerdán como la «clave de la trama» navarra. Una operativa que, poco después, con la llegada de Sánchez a La Moncloa y el ascenso de los implicados, se exportó a nivel nacional, mediante un sistema de «cupos» centralizado a través del Ministerio de Transportes (lo que derivó en las imputaciones de otros cargos socialistas como el exdirector general del Carreteras, Javier Herrero, y la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera).

La investigación ha terminado alcanzando al propio PSOE: el Supremo estudia su posible imputación como persona jurídica por una posible 'caja B' que le habría permitido financiarse de manera ilegal. Aunque el origen de la red se remonta a Navarra, tierra de Cerdán, donde ya en 2015 se tejían influencias para obras locales.

El rescate que complica a Zapatero

Otro capítulo oscuro para el actual Gobierno y para el propio Pedro Sánchez es el que afecta a los rescates públicos de empresas en crisis como, por ejemplo, Plus Ultra, la aerolínea vinculada a Venezuela que recibió un total de 53 millones de euros de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en plena pandemia, motivo por el que continúa bajo la sospecha de graves irregularidades en su concesión, blanqueo de capitales y posibles comisiones ilegales para sus principales directivos y cargos adyacentes, que eran detenidos de forma reciente.

La operación se aprobó en un contexto de urgencia, pero las dudas sobre la viabilidad real de la empresa (que un perito judicial independiente sostuvo en varias ocasiones que estaba quebrada antes de la crisis del coronavirus) y las conexiones políticas, persisten. Una de las más evidentes es la que señala al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a quien El Debate descubrió reuniéndose con uno de los detenidos en el marco de la intervención policial de la UDEF, el empresario alicantino Julito Martínez Martínez, en una zona restringida del monte de El Pardo (en Madrid),

Y es que, de acuerdo con la información disponible, y reconocida por el propio interesado en la comisión de investigación parlamentaria del asunto, Zapatero cuadriplicó sus ingresos con cargo a «informes verbales» para destinatarios sin revelar, procedentes de la empresa Análisis Relevante SL (para la que también trabajaban sus hijas), de la que era propietario y fundador Martínez. Casualidad o no, lo cierto es que tras el rescate de Plus Ultra, en el que las sospechas apuntan a su posible intermediación, Zapatero pasó de ingresar 28.000 euros anuales a un total de 110.000 euros, por dicha vía.

Cabe recordar que, tras una primera fase de averiguaciones en un juzgado de instrucción ordinaria, en marzo de 2026, dado el carácter transnacional del procedimiento y la dimensión y tipología de los presuntos delitos investigados, por varias fiscalías europeas en Luxemburgo, Suiza y Francia, la Audiencia Nacional asumió formalmente la causa bajo la instrucción del magistrado José Luis Calama que, tras el parón de la Semana Santa, se prepara para levantar el secreto del sumario.

El ex número tres de Montero

La Fiscalía Anticorrupción, también, se ha querellado recientemente contra José Antonio Marco Sanjuán, ex presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y considerado el «número tres» de la ya ex vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero, ex titular de Hacienda. A Marco Sanjuán se le atribuye un presunto delito de cohecho por cobrar comisiones a empresarios a cambio de archivar o resolver favorablemente expedientes fiscales.

Tras un registro policial practicado en su vivienda de Valladolid, como reveló El Debate en exclusiva, se localizó dinero en efectivo oculto entre las páginas de varios tomos de Derecho Tributario, así como facturas trianguladas a través de colaboradores. Si bien es cierto que Moreno defendió inicialmente su inocencia, llegando a poner las manos en el fuego por el subordinado, finalmente y tras el estallido del escándalo, le invitó a dimitir aunque facilitándole un destino en Valencia donde sigue ejerciendo actividades, en activo, hasta el momento.

La condena al ex fiscal general

Todo ello, sin olvidar la condena en firme al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. El Tribunal Supremo sentención al que fuera sucesor de Dolores Delgado en el cargo, una multa y dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo, por filtrar datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, en una nota de prensa, convirtiéndose así en la primera vez que un titular del Ministerio Público era condenado en España.

Hidrocarburos, Forestalia y la 'caja B'

Por si esto no fuese suficiente, en los últimos días estallaba un nuevo ejemplo de presunta corrupción, el 'caso Forestalia' —la gran trama de renovables urdida en administraciones de Aragón, con epicentro en Teruel— en la que se investigan las presuntas mordidas y favores burocráticos prestados, por el que fuera el número tres de la ex ministra del ramo Teresa Ribera, por otorgar informes favorables de impacto medio ambiental para agilizar la concesión de parques eólicos y solares de un grupo empresarial que, en realidad, operaba a través de numerosas entidades interpuestas.

Las recientes detenciones practicadas contra directivos y ex altos cargos de Transición Ecológica han puesto el foco en posibles prevaricaciones y cohechos que salpican al Departamento dirigido entonces por Ribera. Un entramado con numerosas ramificaciones que conectaría, incluso, con varios imputados en otros procedimientos en curso, como el propio Antxón Alonso y su socio Santos Cerdán.

Todos estos casos no son anécdotas. Conforman un patrón: la influencia desde Ferraz y Moncloa para cuajar adjudicaciones opacas, el uso de empresas públicas como agencias de colocación y un partido político que, según las investigaciones de la UCO, habría tolerado o incluso beneficiado de una estructura de comisiones irregulares a favor de sus cargos.

Unas pesquisas a las que Sánchez responde con silencio, ataques a los jueces, a través del lawfare, o llamamientos a la «estabilidad». Pero los tribunales no se detienen. En 2026, con varios juicios pendientes contra su hermano, contra Ábalos y Koldo, y la instrucción contra Begoña Gómez en fase avanzada, el presidente se juega no solo la legislatura, sino la credibilidad misma de las instituciones que ha ido colonizando con afines desde que llegó al frente del Ejecutivo, en 2018.