Cuatro testigos atribuyen a Koldo y Ábalos el control en los enchufes de Jésica y Claudia

El Tribunal Supremo se ha convertido estos días en un laboratorio donde se desentraña, con precisión quirúrgica, toda la información recopilada por los investigadores de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y ordeñada por las acusaciones, en manos de la Fiscalía y dirigida por los letrados del Partido Popular, con el objetivo de acreditar la responsabilidad penal de los acusados en el 'caso mascarillas'. Y, para ello, es necesario apuntalar lo que, en términos jurídicos se describe como la cadena de dominio del hecho delictivo. Es decir, el engranaje que permite a un superior jerárquico trasladar su voluntad ilícita a través de subordinados hasta materializar un favor, sin dejar huellas directas.

Así las cosas, en el procedimiento que ha sentado en el banquillo del Alto Tribunal a José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama, este hilo conductor del control de la acción delictiva afloró en la segunda sesión del juicio, en varias ocasiones, complicando la situación de ambos ex socialistas, que se mostraron incómodos por momentos.

No en vano, durante las declaraciones de cuatro de los testigos citados: los dos ex directores gerentes de Logirail, filial de Renfe, José Ángel Menéndez y Óscar Gómez Barbero, por contradicción al anterior; Angélica Martínez, como alto cargo de Ineco; y, el ex jefe de proyecto de Jéssica en Tragsatec, dependiente de Adif, Ignacio Zaldívar, se aportaron datos que permiten entender cómo dos mujeres vinculadas al ex ministro de Transportes –su expareja Jéssica Rodríguez y la ex Miss Asturias Claudia Montes– acabaron contratadas en hasta tres empresas públicas, dependientes del Ministerio de Transportes.

La cadena de dominio es, en esencia, un instrumento de tráfico de influencias perfeccionado. El autor mediato (en este caso, presuntamente, Ábalos como ministro) no es quien da la orden directa al funcionario que firma el contrato, en último término, porque habría dejado un rastro documental evidente. En su lugar, ejerce una «presión moral eficiente» –tal y como la califica la Fiscalía Anticorrupción– sobre su hombre de confianza (Koldo García) quien, a su vez, contacta con los directivos de las empresas en su esfera, como Ineco, Tragsatec o Logirail.

Son estos últimos, conscientes de la jerarquía, quienes movidos por las indicaciones recibidas y, sin necesidad de palabras explícitas, habrían actuado para materializar las peticiones en «contratos especiales» de los que se beneficiaron personas del círculo íntimo del ministro que acabaron 'enchufadas' en empresas públicas dependientes de su cartera, a los que además no acudieron a trabajar, percibiendo un sueldo público por ello.

En el derecho penal español, este mecanismo se integra habitualmente en los delitos de tráfico de influencias (artículo 428 del Código Penal) y cohecho, pero cobra especial relevancia cuando se enmarca en una organización criminal como a la que pertenecieron Ábalos y Koldo, de acuerdo con la fiscalía Anticorrupción.

Jéssica, la ex amante, «no molestar»

Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, fue contratada en Ineco y Tragsatec, dos empresas públicas clave del Ministerio de Transportes. Según su propia declaración ante el Supremo, percibió más de 34.000 euros de la primera, entre 2019 y 2021, y casi 9.500 euros de la segunda, en 2021. Además, la joven reconoció, por primera vez en fase de instrucción, que nunca acudió a sus puestos de trabajo, a la espera de recibir indicaciones de Joseba, el hermano de Koldo, que era quien la tutelaba.

De hecho, la testigo confirmó ante el Tribunal que fue el propio Ábalos quien le propuso que compaginase sus estudios con una fuente de ingresos laboral y que «Jose» estaba al tanto de su absentismo porque hablaban a diario y ella le contaba éste y otros aspectos.

En este sentido, han sido los testigos que, de forma más o menos directa, han explicado cómo funcionaba la cadena de mando en las maniobras para colocarla. Koldo García actuaba como intermediario, previa indicación del ministro, hacia los responsables de las empresas, que veían en la petición no una recomendación inocente, sino una orden de de quien ostentaba el poder real.

Tal es así que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera –ya imputada en una de las piezas separadas del 'caso PSOE' que se sigue en la Audiencia Nacional –, apareció mencionada en los chats incautados por los investigadores de la UCO como facilitadora. Un extremo, éste último que casaría con el testimonio prestado por el responsable del proyecto de Jéssica en Adif, Ignacio Zaldívar, quien confirmó haber recibido una llamada de Pardo de Vera en la que le transmitía que el propio Ábalos le había solicitado que «no las molestaran».

Por su parte, la Guardia Civil judicial documentó correos, mensajes y movimientos, recogidos en el sumario, que apuntan a que la contratación no respondió a méritos objetivos, sino a la voluntad de Ábalos transmitida a través de Koldo.

Al menos otros tres testigos más–incluyendo directivos de las empresas y personas del entorno– han coincidido en señalar que, en todo caso, la intervención de Koldo fue decisiva y que éste actuaba siempre en nombre y con conocimiento, en último término, de Ábalos. No hay una orden escrita del ministro diciendo «contratad a mi novia», pero los hechos –el cobro sin prestación efectiva de servicios y las llamadas a altos cargos del Ministerio– revelaron la verdadera naturaleza de los favores prestados a la ex amante.

Miss Asturias, «de cara a la pared»

La segunda jornada del juicio ha girado en torno a Claudia Montes, ex Miss Asturias +30, madre soltera que conoció a Ábalos en un mitin del PSOE en Gijón. Montes admitió haber pedido ayuda al exministro por su delicada situación económica. Contactó con él, a través de mensajes privados de una red social, le contó sus necesidades y acabó trabajando en Logirail, filial de Renfe, entre diciembre de 2019 y febrero de 2022 como auxiliar administrativa.

En su testifical, Montes fue explícita: «Ustedes están demostrando que hicieron algo detrás, pero nunca me dijeron ‘te he enchufado’». Reconoció que Koldo se puso en contacto con ella, que envió currículos y que uno de ellos pudo ser modificado. También admitió que en horario laboral aprovechaba para leer libros «sobre trenes» que retiraba en la biblioteca de Oviedo o hacer gestiones personales. El que fuera gerente de Logirail declaró sobre el proceso interno y cómo llegó el currículum a través de Koldo, al entonces presidente de Renfe, Isaías Táboas, quien a su vez lo rebotó al Departamento de Recursos Humanos de la empresa ferroviaria.

Nuevamente, la cadena aparece claramente dibujada: Ábalos quería favorecer a su círculo, trasladaba a Koldo la necesidad de encontrar «un puesto adecuado», su exasesor movía los hilos necesarios en las empresas dependientes y los directivos respondían.

De hecho, muchos de los chats intervenidos por la UCO recogen frases expresas como: «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna subcontrata?» y la respuesta lacónica del Koldo: «Lo arreglo». Cuatro o más testigos –directivos, compañeros y personas del círculo– han apuntado en la misma dirección sobre las contrataciones que no fueron casuales, ni basadas en méritos sino impulsadas desde arriba, mediante la «presión» influyente de Ábalos y la ejecución operativa de Koldo.

La Fiscalía acusa a Ábalos y Koldo de organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y malversación. La cadena de dominio sirve para acreditar que las contrataciones arbitrarias no fueron actos aislados, sino parte de un modus operandi que permitía alimentar lealtades y retribuir servicios dentro de la trama.